Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho en un acto de distinción en el Comité Pro Santa Cruz, hace unos días. Foto: X de Añez
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, reclamó públicamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma una postura clara y veraz sobre lo que ella describe como una “persecución política” durante el gobierno del MAS. En un mensaje reciente en su cuenta de X, Añez afirma que la CIDH debe “pronunciarse con la verdad” respecto a los presos políticos que, según ella, fueron víctimas de procesos judiciales injustos.
Entre sus afirmaciones, Añez sostiene lo siguiente:
El acuerdo para la investigación de los hechos de noviembre de 2019 fue solicitado y suscrito oficialmente durante su gobierno.
El informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) fue producto de esa decisión durante su presidencia. El GIEI fue creado por la CIDH para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en ese periodo.
En las mesas de seguimiento “in loco” realizadas por la CIDH en los años siguientes, no se denunció con la contundencia que, según Añez, molesta: no se habría expuesto “el flagrante indebido proceso” al que, afirma, fueron sometidos más de 200 presos políticos.
En su visión, esos informes no hacen mención explícita a violaciones de la Constitución ni de la ley al investigar, lo que habría impedido una investigación “seria, imparcial y fundada en evidencias”, tal como habría advertido el ex relator de la ONU para la independencia judicial, Diego García-Sayán.
Señala también que las acusaciones contra los presos fueron orquestadas por líderes del MAS, entre ellos Evo Morales, Luis Arce e Iván Lima, quien, según Añez, confesó que su ministerio instrumentalizó los procesos judiciales, y que la CIDH “miró para otro lado”.
Finalmente, Añez lamenta que el actual presidente de la CIDH, José L. Caballero, no reconozca públicamente estas denuncias. Para ella, en el trasfondo de todo está la “verdad” sobre lo que califica como “privación ilegal e injusta de la libertad”, torturas y condenas políticas que habrían sido ejecutadas bajo el gobierno del MAS. En su caso, recuerda, estuvo casi cinco años presa sin que la CIDH emitiera un pronunciamiento firme sobre las presuntas violaciones de sus derechos.
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