José Luis Caballero, presidente de la CIDH en la audiencia celebrada el miércoles. Foto: Captura DP
Durante una audiencia púbica en la que fueron escuchadas las víctimas de los casos Sacaba y Senkata, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó que la anulación de ambas causas en la justicia boliviana puede ser un retroceso, que lleve a la revictimización y que se constituye en “un fuerte golpe para las víctimas”.
Por decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, las causas fueron revisadas y la justicia dispuso su anulación, debido a que las leyes bolivianas disponen el juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Añez. Antes de ella, también fueron liberados el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el excívico potosino, Marco Pumari.
Este noviembre se cumplieron seis años desde los hechos de Sacaba y Senkata, donde murieron 20 personas producto de los operativos de desbloqueo que fueron ordenados por el gobierno de Añez. La CIDH calificó esos hechos como “masacres”.
«Esta idea de ‘anulación’ de juicios es un golpe fuerte para las víctimas, para la sociedad, para el trabajo que ha venido haciendo la Comisión, me parece que también para la institucionalidad en Bolivia y de alguna manera hay un eje, también, en la conducción de un nuevo Gobierno”, dijo Caballero.
También manifestó que “la anulación de lo actuado puede ser un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado y supone una revictimización”.
🔵 #GrupoFides | #ANF “Esta idea de anulación de juicios es un golpe fuerte para las víctimas, para la sociedad, para el trabajo que ha venido haciendo la Comisión y para la institucionalidad en Bolivia”, dijo el presidente de la CIDH en audiencia sobre el caso Sacaba y Senkata. pic.twitter.com/CMuk9HM3gu
— Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) November 19, 2025
Durante la audiencia, representantes de las asociaciones de víctimas de Senkata y Sacaba denunciaron que el Tribunal Supremo de Justicia habría ordenado “oficiosamente” la revisión de procesos penales.
Según un boletín de la Defensoría del Pueblo, las víctimas pidieron a la CIDH:
1. Exhortar al gobierno boliviano avanzar en la redacción conjunta de la reglamentación de la Ley N°1686 de reparación integral y evitar actos de discriminación a sus representantes;
2. Instar al Tribunal Supremo de Justicia y al Fiscal General a explicar por qué el juicio de privilegio ampara a los autores de violaciones de DD.HH. identificados en el informe del GIEI;
3. Activar la petición para acudir a la corte IDH, cuando en el juicio de privilegio se les niegue justicia; y
4. Un nuevo convenio de trabajo con el MESEG por seis años, hasta que se cumplan las recomendaciones del GIEI.
En representación del Estado boliviano, el ahora exministro de Justicia, Freddy Vidovic, expuso las acciones desarrolladas desde 2023, entre ellas la creación de una comisión de seguimiento a las recomendaciones del GIEI en materia de investigación y reparación a víctimas.
Los representantes de las víctimas denunciaron la “politización e instrumentalización de la justicia” y apuntaron a Saucedo como el responsable de la liberación de Añez, Camacho y Pumari.
También observaron el nombramiento del viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, porque supuestamente estaba vinculado a los hechos de Sacaba t Senkata.
Vidovic, que un día después de su intervención fue destituido por la fractura interna que existe entre el Presidente y el Vicepresidente, dijo que Añez asumió el mando en un estado de necesidad institucional y que no hubo usurpación del poder.
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