CEDLA: Bolivia enfrenta una crisis energética estructural con dependencia de importaciones y consumo ineficiente

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Imagen ilustrativa de YPFB.

La crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia ha dominado la agenda política y electoral, lo que revela un problema profundo que trasciende la coyuntura actual. Según un análisis del experto Carlos Arze Vargas, en el boletín del CEDLA, la escasez de gasolina y diésel es solo la punta del iceberg de un modelo energético agotado.  

Arze señala que desde 2014 la producción nacional de gas natural —asociada a la de líquidos— cayó drásticamente, debilitando la autosuficiencia energética del país. Esto obligó a incrementar las importaciones de combustibles, que en 2023 representaron el 42% de la gasolina y el 86% del diésel consumidos internamente.  

La situación se agrava por el aumento sostenido del consumo de combustibles fósiles, impulsado por políticas que mantuvieron subsidios y facilitaron la importación masiva de vehículos, legales e ilegales. Entre 2005 y 2023, el parque automotor creció de 536.578 a más de 2,4 millones de unidades.  

La producción de energía primaria, señala, también evidencia un retroceso: en 2023 fue inferior a la de 2006, con una marcada dependencia del gas natural, cuya producción cayó en un 40% entre 2014 y 2023. A esto se suma el estancamiento de la hidroenergía y un lento avance de las energías solar y eólica.  

Apunta que la matriz energética boliviana es altamente contaminante: más del 90% de la producción primaria proviene de fuentes fósiles. En la generación eléctrica, las plantas térmicas a gas representaron el 70% en 2023, mientras la participación hidroeléctrica cayó al 19,4%.  

También el consumo energético refleja graves ineficiencias: el 74% se destina a transporte y sectores no productivos, mientras la industria, minería y agricultura apenas consumen el 26%. Además, la intensidad energética —cantidad de energía usada por unidad de PIB— aumentó un 17% entre 2006 y 2023.  

Las emisiones de CO₂ per cápita casi se duplicaron en ese periodo, pasando de 1.063 a 1.879 toneladas por cada mil habitantes, lo que aleja a Bolivia de los compromisos globales de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.  

Frente a este escenario, indica, las propuestas de los candidatos presidenciales se han centrado en aumentar la oferta de hidrocarburos y atraer inversiones privadas, pero han omitido medidas para mejorar la eficiencia en el consumo o transformar la matriz energética.  

Incluso, agrega, iniciativas como la legalización de vehículos ilegales (“autos chutos”) amenazan con profundizar la demanda de combustibles y agravar la crisis, en lugar de promover un consumo responsable.  

En conclusión, señala, Bolivia enfrenta un desafío estructural que requiere abandonar el modelo rentista y consumista actual. Y, sin cambios profundos, la prioridad seguirá siendo el abastecimiento inmediato, en detrimento de la sostenibilidad económica y ambiental.

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