Comité de Defensa de la Reserva de Tariquía. Foto: Captura
Ante la autorización del Gobierno a la empresa Petrobras para la exploración del pozo Domo Oso X3, las comunidades indígenas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se declaran en emergencia y exigen a las instituciones en defensa de derechos humanos asumir acciones ante ese atropello.
“Nos declaramos en estado de alerta y demandamos a las entidades nacionales de protección de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a los organismos internacionales que vigilan por los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos a las Redesca de la CIDH, la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, les pedimos tomar nota de este nuevo hito de vulneraciones a los derechos de nuestras comunidades campesinas de la reserva nacional de Flora y Fauna de Tariquía”, dice el comunicado.
El 10 de julio de la presente gestión, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua otorgó la licencia ambiental a la empresa brasileña para ejecutar la exploración en el pozo Oso Domo X3, que está en el ingreso de la reserva de Tariquía. Sin embargo, el documento recién fue publicado en septiembre dejando sin la posibilidad que sea impugnado.
Los comunarios cuestionaron que el Estado boliviano no respete la decisión que asumieron siete de las 11 comunidades de rechazar el ingreso de la empresa petrolera, que no se haya llevado a cabo la consulta previa con los interesados. Advierten que, las autoridades llamadas por ley a garantizar su protección, están vulnerando sus derechos.
A la vez, observaron que después de dos meses se haya publicado la resolución con el objetivo de evitar que sea impugnada en el plazo de 10 días, tal como establece la Ley 1333 de Medio Ambiente.
“Si bien el documento está fechado el 10 de julio de 2025, recién fue puesto en línea en las primeras semanas del mes de septiembre, con este ocultamiento se impidió la posibilidad de impugnar de esta licencia en el plazo de 10 días, tal como está determinado por la norma”, dice el primer punto del pronunciamiento.
Asimismo, cuestionan la otorgación de la licencia ambiental en medio de un proceso penal que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras interpusieron contra más de 20 comunarios. Al momento, la Fiscalía Departamental de Tarija emitió una imputación formal.
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