La Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” porque el Estado boliviano no aceptó las recomendaciones sobre libertades fundamentales emitidas por diversos países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que se lleva a cabo cada cuatro años y medio en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, las organizaciones valoraron positivamente la aceptación de recomendaciones también importantes sobre independencia y reforma judicial, sobre la aprobación de una ley integral contra la tortura, los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales, además de aspectos relacionados con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas.
“No obstante, preocupa profundamente que el Estado boliviano haya anotado (no aceptado) sin una justificación sustantiva recomendaciones esenciales para la garantía de libertades fundamentales. En particular, las recomendaciones orientadas a fortalecer la libertad de asociación, como la modificación de la Ley 351 y su Decreto Reglamentario, marco normativo considerado restrictivo por organismos internacionales”, señalan las organizaciones civiles mediante un comunicado.
Del mismo modo, “resulta preocupante la falta de compromiso con la aprobación de una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales, así como con la adopción de un marco legal que proteja a periodistas y medios independientes, incluyendo mecanismos eficaces para prevenir la violencia y el acoso contra comunicadores”.
Las organizaciones señalan que esta posición resulta contradictoria con el respaldo brindado a otras recomendaciones sobre la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“También extraña que Bolivia haya anotado las recomendaciones dirigidas a reconocer legalmente el matrimonio de parejas del mismo sexo, entre otros relativos a la población LGBTIQ+. Esta decisión contradice el principio de igualdad y no discriminación y desconoce los estándares internacionales, especialmente, la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso igualitario al matrimonio para todas las personas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género”, señalan en un comunicado conjunto.
En el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Bolivia recibió 275 recomendaciones por parte de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De acuerdo a la respuesta del Gobierno, 254 fueron apoyadas o aceptadas, 1 parcialmente aceptada y 20 que el Estado toma nota, lo que refleja un alto nivel de aceptación general (92.4%).
En materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, la coalición “reconoce positivamente las recomendaciones aceptadas por el Estado para enfrentar la violencia de género en todas sus formas, garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad. También se destacan el apoyo a recomendaciones para implementar políticas preventivas, asignar recursos adecuados a la Ley 348, combatir estereotipos discriminatorios y promover la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social”.
También valoraron el apoyo estatal para adecuar el tipo penal de violación a los estándares internacionales para que esté centrado en la falta de consentimiento y derogar el delito de estupro para su correcta sanción.
“Destacamos el apoyo a las recomendaciones dirigidas eliminar la explotación sexual de niñas y erradicar las peores formas de trabajo infantil, así como aumentar el acceso a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes, incluidas quienes tienen discapacidad, indígenas y de zonas rurales”, señalan.
Finalmente, las organizaciones exhortan “a las actuales y futuras autoridades gubernamentales a asumir las recomendaciones del EPU como una guía orientadora para la política y la gestión pública” y reiteran su compromiso como Sociedad Civil para aportar desde su experiencia a los procesos de implementación, seguimiento y evaluación de dichas recomendaciones.
El examen periódico de Bolivia se llevó a cabo en enero, pero este martes el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dio la calificación de “aprobado”, aunque con observaciones de la sociedad civil por haber “anotado” y no haberse comprometido a cambiar aspectos restrictivos de las libertades fundamentales.
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