Reunión del gremio periodístico. Foto captura Sumando Voces
En una reunión del gremio periodístico, encabezada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), se determinó enviar un informe a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el reporte de 500 vulneraciones a la libertad de prensa en los últimos cinco años, según el registro del Observatorio de Defensores y Defensoras de UNITAS. El documento también indica que en las últimas semanas se registraron 51 vulneraciones.
La conferencia, de la que participaron las asociaciones departamentales de periodistas, corresponsales de la prensa internacional, el Círculo de Mujeres Periodistas y representantes de UNITAS, se realizó de forma virtual la mañana de este miércoles. En la ocasión, la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, manifestó que el informe a la CIDH es una acción que responde a una serie de hechos que han puesto en riesgo la libertad de prensa, la libertad de expresión y la integridad de los periodistas en el contexto de la crisis nacional.
“En los últimos cinco años hemos superado los 500 registros (de vulneraciones a la libertad de prensa), esto muestra que es algo sistemático y que la libertad de prensa viene siendo vulnerada hace mucho tiempo”, informó la coordinadora del Programa Defensores de UNITAS, Claudia Terán.
El documento, que no constituye una denuncia legal sino una puesta en conocimiento, expone un patrón sistemático de agresiones, amenazas, hostigamientos y estigmatización hacia periodistas, particularmente durante coberturas de protestas y conflictos sociales. “La impunidad, en estos casos, genera una falta de acceso a la justicia y a las garantías judiciales”, añadió Terán.
Al respecto, la presidenta de la ANPB expresó que, coincidentemente con esta preocupación, ayer la Relatoría se contactó con la ANPB para solicitar información sobre la situación que vivieron los periodistas durante los últimos acontecimientos de protestas y enfrentamientos en distintos puntos del país.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en el informe es la violencia de género ejercida contra mujeres periodistas. Se registraron casos de amenazas sexistas, intimidaciones personalizadas y ataques a la integridad y dignidad de las comunicadoras, lo que configura una doble vulneración: a la libertad de expresión y al derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
El informe solicitará a la Relatoría que haga un seguimiento político y riguroso de la situación de la libertad de prensa en Bolivia, que recomiende al Estado la implementación de medidas urgentes de protección y sanción, y que condene los discursos estigmatizantes emitidos desde el poder público. Además, las organizaciones evalúan solicitar una audiencia temática ante la CIDH durante su próximo periodo de sesiones, como parte de una estrategia más amplia de incidencia internacional en defensa del periodismo.
Alanes expresó que también que las asociaciones contemplan enviar el documento a otras organizaciones internacionales. “Este es, sin duda, un documento valioso que sistematiza este patrón de vulneraciones, con el cual también podemos llegar a otras instancias internacionales defensoras de la libertad de expresión, de prensa y de los derechos de los trabajadores de la prensa como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP)”, sostuvo.
El segundo punto fue la creación de un proyecto de ley para garantizar condiciones seguras para el trabajo de periodistas, prevenir la violencia contra el sector y establecer sanciones claras frente a las agresiones y restricciones.
Otro de los puntos conversados es el desafío de abordar la desinformación y las campañas de desprestigio contra los periodistas. Respecto a ello, Alanes dijo que se acordó: “continuar con los esfuerzos de articulación en la Coalición contra la Desinformación, asumiendo que estamos ante una industria de la desinformación de alcance global que no sólo afecta la credibilidad del periodismo, sino que tiene impacto en la calidad de la democracia y socava el tejido social”.
Asimismo, Alanes informó a los participantes que, en el caso Las Londras, se logró la presencia de veedores de la Defensoría del Pueblo en la audiencia programada, aunque ésta se frustró por la ausencia de uno de los acusados.
Con estos avances, la ANPB ratificó su compromiso de seguir articulando esfuerzos para consolidar garantías para el ejercicio libre y seguro del periodismo en Bolivia, con el apoyo de organizaciones aliadas y la sociedad civil.
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