Eduardo Rodríguez lanza una propuesta para la justicia. FOTO. La Razón
En el marco de la agenda electoral, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé lanza una propuesta para reformar la justicia boliviana con 10 ejes, entre los que destaca un programa de justicia transicional, destinado a cerrar el ciclo actual y abrir uno nuevo.
El Programa de “Justicia Transicional” sería diseñado para resolver la tensión emergente de las últimas crisis y conflictos, políticos e institucionales y que todavía no pueden ser resueltos imparcialmente, particularmente en materia penal”.
Este programa “buscará equilibrios entre los ideales de justicia y el realismo político; entre las dosis de justicia penal necesarias para evitar la impunidad y las condiciones para preservar la estabilidad democrática y la paz social; un adecuado tratamiento de las amnistías y los indultos; recuperar la confianza en la administración de justicia; el reconocimiento y la reparación de las víctimas y para promover la reconciliación”, señala el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia en un texto que fue remitido a este medio de comunicación.
¿Quién llevaría adelante la reforma judicial planteada? Rodríguez Veltzé cree que es posible considerar una entidad a cargo de la reforma “de composición plural y con la capacidad de realizar un diagnóstico comprensivo de la justicia para proponer los cambios necesarios al diseño de la administración de justicia”.
Rodríguez Veltzé considera que las elecciones generales de Agosto de 2025 abren “un desafío y una oportunidad extraordinaria para pensar y actuar sobre la Justicia”, porque “sin ella el ejercicio de los derechos ciudadanos y el orden democrático seguirán afectados”.
En ese marco, señala que una reforma no solo importa la administración de justicia ordinaria (civil, penal, etc.), también la justicia social (derechos sociales), la justicia económica (derechos patrimoniales), la justicia política (gobierno y separación de poderes, independencia judicial, control de constitucionalidad y atribuciones de los poderes públicos), la justicia humana (recursos humanos idóneos) y “sobre todo una justicia imparcial e independiente de los factores de poder que suelen utilizarla para fines de represalia política o prácticas autoritarias”.
El exmandatario considera que existe coincidencia en la sociedad para encarar este proceso, lo que representa “una oportunidad para que los ciudadanos a ser elegidos a los poderes públicos, Ejecutivo y Legislativo, oficialistas y opositores correspondan al pueblo de manera concreta y concertada para atender y resolver un asunto de Estado que reclama su urgente y despolitizada atención”.
Cree que para lograr el objetivo se necesita una política de grandes consensos y de largo aliento porque la justicia es un tema de Estado y no cabe en un programa o en una entidad específica del Gobierno.
“La reforma judicial podría conducirse en un espacio imparcial, plural y aislado de los intereses del gobierno de turno o la confrontación legislativa. Con adecuados arreglos, debates, cronogramas y recursos podría conducir iniciativas de reforma que cuenten con los suficientes consensos políticos y ciudadanos para su aprobación”, reflexiona.
Bolivia encara una profunda crisis judicial, que se expresa en la falta de independencia, escaso presupuesto, deficiente acceso, corrupción, burocracia, entre otros aspectos.
Los acuerdos para encarar una reforma judicial de consensos podrán comprender, según Rodríguez Veltzé, los siguientes 10 aspectos, aunque adelanta que no son limitativos:
1. Diagnóstico actualizado y comprensivo desde la perspectiva del usuario, las capacidades y falencias del sistema
2. Actualización, ajuste y armonización de la normativa judicial, (codificación)
3. Pluralismo Jurídico, justicia de Paz y mecanismos alternativos
4. Estructura orgánica, presupuesto, recursos humanos, régimen disciplinario
5. Diseño del control judicial de la constitucionalidad (TCP)
6. Políticas de estado en materia criminal, penitenciaria, administrativa y tributaria
7. Elección de jueces, modalidades alternativas, carrera y evaluación.
8. Cultura jurídica y educación legal
9. Programa de “Justicia Transicional” para resolver la tensión emergente de las últimas crisis y conflictos, políticos e institucionales y que todavía no pueden ser resueltos imparcialmente, particularmente en materia penal. Buscará equilibrios entre los ideales de justicia y el realismo político; entre las dosis de justicia penal necesarias para evitar la impunidad y las condiciones para preservar la estabilidad democrática y la paz social; un adecuado tratamiento de las amnistías y los indultos; recuperar la confianza en la administración de justicia; el reconocimiento y la reparación de las víctimas y para promover la reconciliación.
10. Programa comprensivo de amnistía, indulto y conclusión extraordinaria de procesos con detenidos preventivos para atender la situación de decenas de miles de detenidos preventivos y presos políticos, en condiciones de hacinamiento y precariedad en los recintos penitenciarios del país o asilados en el exterior.
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