Pobladores de CochaK portan los documentos de la acción popular. Foto: Fundación Solón
El Juez de Colcha K ordenó ayer lunes la paralización del tratamiento legislativo de dos contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas extranjeras, en el marco de una Acción Popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL). La medida surge ante denuncias de vulneración a derechos fundamentales, como la consulta y consentimiento previo, libre e informado, además de derechos ambientales y colectivos.
El secretario general de la CUPCONL, Iván Calcina Copa, expresó su satisfacción por las medidas cautelares emitidas a favor de los pobladores. «Como dirigente de Central Provincial yo estoy muy feliz, porque para nosotros es dar un paso importante», señaló a Sumando Voces.
La abogada de la Central, Fátima Monasterios, informó que las medidas cautelares dictadas por el juez incluyen la suspensión del tratamiento legislativo de los proyectos de Ley N° 170/2024-2025 y N° 197/2024-2025, que corresponden a los contratos con las empresas Uranium One Group (Rusia) y el consorcio Hong Kong CBC (China), respectivamente.
Además, la segunda medida cautelar señala que YLB debe abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa u obra relacionada a dichos contratos, hasta que se garantice el cumplimiento de normativas de derechos humanos, ambientales y de la naturaleza.
“Lo que se demanda es un estudio integral de impactos socioambientales, con participación de las comunidades, como establece la normativa”, explicó Monasterios a este medio. La próxima audiencia para resolver el fondo de la Acción Popular ha sido fijada para el jueves 5 de junio, fecha en la que el juez podría pronunciarse sobre la suspensión definitiva de los contratos.
Calcina indicó que con esta situación, están «medianamente tranquilos» y esperan que a corto plazo se logre el objetivo principal, que se cumpla la consulta previa y se pueda tener un estudio integral de medio ambiente.
Desde la Central también se demanda una ley marco para la explotación de recursos evaporíticos, que establezca criterios claros sobre el manejo del litio en Bolivia, con enfoque en derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. “Actualmente, el litio se negocia contrato por contrato. No hay una política pública que regule de manera integral cómo debe hacerse este tipo de explotación”, cuestionó la abogada Monasterios.
La resolución del juez fue dictada de forma oral y se notificará oficialmente a YLB en los próximos días, junto con una convocatoria para la audiencia decisiva del 5 de junio. Mientras tanto, las medidas cautelares quedan en vigencia, marcando un precedente importante en la defensa de los derechos indígenas frente al avance de estos proyectos sin consentimiento.
«La empresa Uranium One Group está realizando algún tipo de trabajos en Colcha K, y hasta el momento», informó Calcina y enfatizó que esos trabajos también deberían frenarse.
La abogada coincidió y dijo que estos trabajos se están realizando sin consulta previa, sin estudios de impacto ambiental y sin autorización legislativa.
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