Foto referencial sobre el litio, tomada de ABI.
Una acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) para suspender los contratos de explotación de litio en el Salar de Uyuni fue admitida por la justicia. El recurso pide que se realice un estudio de evaluación integral acumulativo de impactos ambientales, sociales y culturales; que se garantice un proceso continuo y efectivo de consulta previa libre e informada, entre otras exigencias.
«El Juez admitió la acción popular y ha reconocido el buen pedido que tenemos o la preocupación que siempre se tuvo en la provincia», expresó el secretario general de la CUPCONL, Iván Calcina. El dirigente informó que el recurso constitucional fue presentado el 12 de mayo ante el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K con el objetivo de hacer respetar sus derechos.
El documento, al que accedió Sumando Voces, plasma los puntos exigidos por la organización indígena originaria: «Se disponga la suspensión de los contratos suscritos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC, en tanto se realice un estudio de evaluación integral y acumulativo de impactos ambientales, sociales y culturales respecto a la explotación de litio en el Salar de Uyuni». Para ello, piden la efectiva participación de las comunidades de la TCO Nor Lípez y sus instancias orgánicas.
«También estamos pidiendo un proceso legítimo de consulta previa y el consentimiento de las 53 comunidades indígenas de Nor Lípez; se disponga la construcción participativa y aprobación de una ley marco de litio y de recursos evaporíticos. Que se establezcan las reglas claras, garantizando nuestros derechos, principalmente. Mientras no se cumpla eso, YLB deberá abstenerse de negociar nuevos contratos destinados a la exploración y explotación de litio», expresó Calcina.
Fue enfático al señalar que los contratos deben ser transparentes, pues hasta la fecha las comunidades de la región no tienen claro su contenido. Es por ello que, además, la CUPCONL publicó un pronunciamiento que indica: «Estos contratos se firmaron a espaldas de los pueblos originarios, sin consultarnos de manera previa, libre e informada, y sin que existan estudios técnicos precisos sobre las afectaciones socioambientales y culturales. Una vez más, se pretende imponer un modelo extractivista sin respetar el territorio ni la vida de las comunidades».
CamScanner-21-05-2025-11.54En ese sentido, recalcan que rechazan esos proyectos «que ponen en riego las fuentes de agua, el futuro en el territorio y al Salar de Uyuni como ecosistema».
Tras la admisión de la acción popular, la Justicia fijó una audiencia virtual para el martes 27 de mayo a las 9:00 de la mañana. La notificación ya fue recibida por Calcina el 20 de mayo, la cual también indica que debe notificarse al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Calcina recordó que en las comunidades propensas a afectación hay cultivos de quinua. También hay vicuñas, avestruces y otros animales. «¿Qué va a ser de ellos? Esa es nuestra principal preocupación. No tenemos información segura y certera, y nos ponemos más susceptibles, necesitamos que sean claros y que nos digan qué va a suceder», enfatizó. Indicó que, conociendo los detalles de los proyectos, tal vez podrían estar de acuerdo, pues lo ven como una oportunidad de progreso, siempre y cuando se respete los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas.
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