Exposición del Defensor del Pueblo durante el seminario organizado por la Fundación Solón. Foto: Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante un evento organizado por la Fundación Solón, instó al Estado a garantizar la transparencia, el derecho a la consulta previa de las comunidades y la protección del medioambiente en los proyectos extractivos. Advirtió que la explotación de recursos naturales, como el litio, no puede avanzar sin la participación de la población ni sin mecanismos de control adecuados.
«La extracción y procesamiento de litio es una amenaza seria que se puede presentar. El otro tema también está vinculado a la afectación de los derechos de los pueblos indígenas respecto a la consulta previa, libre e informada», dijo Callisaya, quien también habló de las afectaciones de los proyectos de litio a las aguas, humedales, salares, etc.
Bolivia firmó dos contratos con consorcios de China y Rusia para la explotación de litio en el país. Sin embargo, estos acuerdos han generado controversia debido a la falta de consulta a las comunidades locales, ausencia de estudios ambientales y casi nula transparencia en el proceso. Actualmente, los contratos están pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional y, mientras tanto, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), activistas, defensores medioambientales, organizaciones sociales, así como especialistas, han mostrado renuencia a estos acuerdos y han evidenciado aspectos negativos que van en desmedro de la economía de Bolivia.
El Defensor sostuvo que la explotación de los recursos naturales debe respetar los derechos humanos y los principios de sostenibilidad. Añadió que es fundamental que se garantice el acceso a la información, la participación efectiva de las comunidades y la preservación del medioambiente.
Bolivia, que posee una de las mayores reservas de litio del mundo, ha suscrito acuerdos con empresas extranjeras para su explotación e industrialización. Sin embargo, la falta de transparencia en los contratos y la ausencia de consulta con los pobladores han generado preocupación entre organizaciones sociales y comunidades afectadas.
En el seminario, el Defensor también hizo hincapié que, en las políticas públicas respecto al litio, se debe priorizar los derechos de los pueblos indígenas en la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas (2007). Asimismo, en los derechos ambientales como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho humano al Agua, y el derecho de la Madre Tierra.
Finalmente, reiteró que la relación de las mujeres con el agua y las decisiones ambientales tiene suma importancia por su impacto en comunidades rurales e indígenas donde las mujeres desempeñan un papel central en la gestión del recurso.
El presidente Luis Arce ha defendido los contratos de explotación de litio firmados con empresas de China y Rusia, bajo el argumento de que son esenciales para la industrialización del recurso y el desarrollo económico de Bolivia. Asimismo, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar estos acuerdos advirtiendo que retrasarlos podría hacer que el auge del litio «se nos escape de las manos».
Mientras tanto, el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, afirmó que estos proyectos son rentables en diversos escenarios y que las críticas sobre una supuesta mayor ganancia para las empresas extranjeras son infundadas. También enfatizó que las empresas involucradas tienen experiencia en el sector, y desmereció las acusaciones sobre la falta de trayectoria de las mismas.
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