Así transcurrió la audiencia virtual sobre los hechos de 2019. Foto: Captura
Las víctimas de la violencia política del 2019, particularmente de Senkata, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), en una audiencia celebrada el jueves pasado, que el Estado no ha cumplido con su compromiso de reparación integral, justicia, salud, empleo ni con el censo de víctimas. Por el contrario, dijeron que a los pocos que se les dio una fuente laboral se les obliga a hacer campaña política.
Frente a esta situación, la CIDH pidió al gobierno de Luis Arce que acepte la ampliación de la Mesa de Seguimiento (MESEG) a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor, para la primera etapa (reparación e investigación penal) debía concluir este 22 de marzo.
El ministro de Justicia, Cesar Siles, en representación del Estado, aceptó la ampliación de la MESEG, pero refutó las afirmaciones de los representantes de las víctimas, indicando que seguramente carecen de información adecuada. Por contrario, destacó el avance en el caso Senkata, del que espera la sentencia en mayo.
“Aclarar que el juicio denominado Senkata, de la masacre Senkata, está en fase de juicio oral, en producción de prueba documental de descargo y aguardamos que la sentencia pueda salir en el mes de mayo como máximo”, dijo en referencia al proceso en el que la expresidenta Jeanine Añez está siendo juzgada por la vía ordinaria.
Dora Claudina Calle, quien dijo haber sido víctima de “tortura sexual” durante los hechos sangrientos de 2019, dijo que las víctimas siguen discriminadas, pues el gobierno “solo busca dividir a los grupos de víctimas otorgando de manera discrecional y arbitraria escasas becas”.
Denunció que en los casos en que se les dio trabajo “nos atan a participar de eventos, campañas políticas, bajo amenaza de perder nuestros empleos en el marco del decreto”.
Este extremo también fue citado por David Inca, representante de las víctimas de Sacaba, Senkata, Vila Vila, Playa Verde y El Pedregal, quien pidió que “las medidas de reparación no sean motivo de chantaje para obligarnos a participar en campañas político-partidarias o que nos cobren multas”.
“El Estado en diversos informes a la CIDH alega estar cumpliendo con una reparación integral sin haber realizado de una manera efectiva un registro o censo de víctimas”, indicó Dora Calle, quien también reclamó porque las víctimas de Betanzos, Montero y Potosí han sido olvidadas por el Gobierno.
Siles señaló que el censo de víctimas es una realidad en el Sistema de Registro de Víctimas por Violencia Política, que ya cuenta con 666 víctimas directas, 37 fallecidas, 420 heridos, 86 víctimas de detención y prisión arbitraria, 70 víctimas de tortura y finalmente 53 víctimas con doble tipología, torturadas y procesadas.
Osvaldo Gareca, quien dijo haber estado encadenado tres meses en la cárcel de Chonchocoro tras los hechos de 2019, señaló que la falta de atención de salud provocó la muerte en el año 2022 de uno de los integrantes del grupo de víctimas, algo que fue negado por el ministro Siles, quien dijo que el fallecimiento obedeció a otras causas.
“Particularmente, hablando las víctimas de detención arbitraria y tortura, estos no han recibido ningún tipo de reparación integral debido a que el estado no las considera víctimas”, dijo Gareca.
Indicó que en materia de salud, lo único que hizo el Gobierno es asignarles fichas preferenciales para la atención del SUS, pero que “saltarse la fila” solo provoca malestar entre las personas que están esperando horas por atención.
Marcelo Vega señaló que, pese a que “han pasado más de cinco años, la justicia sigue siendo una promesa incumplida. La investigación sobre la masacre avanza con una lentitud que es desesperante”. Aseguró que “lo mismo sucede con los procesos penales en los casos de Zona Sur, Cochabamba, La Paz, el Alto, de Betanzos y, Montero”.
Es más, denunció que no se les informa sobre los avances procesales y que “en algunos casos se nos ha solicitado dinero para acceder a los expedientes judiciales de parte del Ministerio de Justicia”.
Delfín Álvarez, en representación de las exautoridades electorales que fueron acusadas de fraude electoral, mencionó que las víctimas no han recibido “ninguna ayuda del Estado y menos reparación integral. A las exautoridades electorales y a la totalidad de personas detenidas, el Estado nos ha negado la reinserción laboral”.
Señaló que “el documento denominado política de reparación integral no cumple esta condición y no pasa de ser una medida distractiva, por lo mismo no hay un censo de víctimas con carácter vinculante al Estado”.
Señaló que es importante la aprobación de una Ley de reparación integral, cuyo tratamiento está estancado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El embajador ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, aprovechó para decir que la Asamblea también tiene bloqueados los proyectos de ley de carácter económico.
David Inca dijo que no solo se trata de esa ley, sino que la política pública de reparación integral fue aprobada por “una simple resolución ministerial, que no es vinculante para el Órgano Ejecutivo ni menos para otros órganos del Estado”.
“Exigimos se cumpla con la recomendación de la responsabilidad estatal, separación integral y dignificación de las víctimas”, enfatizó.
Respecto a la cumbre contra el racismo, que según el Gobierno fue masiva, Inca señaló que fue “una mentira” porque ninguna víctima participó de la misma.
El Gobierno
Siles dijo haber recibido “con toda humildad y cuidadosamente todas las observaciones, incluso denuncias” y para no mencionar que hubo “medias verdades”, prefirió indicar que faltó información respecto a algunos temas tocados en la audiencia.
La autoridad insistió que se aprobó la política nacional de reparación integral para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en periodos de gobiernos inconstitucionales, pero la misma fue observada por las víctimas por ser una resolución ministerial.
Sobre la atención en salud, el Ministro informó que no solo se atiende a las víctimas sino a sus familiares hasta primer grado de consanguineidad, además de cónyuges. Agregó que el Estado ha erogado 10 mil dólares para atender a las víctimas que fueron heridas y otros 70 mil bolivianos para dos heridos que tenían un grado de invalidez.
Sobre el eje de restitución indicó que se dispusieron 272 becas, pero solo fueron requeridas 138, además de acceso a los planes de vivienda.
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