Franco Albarracín
Nuestra región es la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, especialmente cuando esta labor está vinculada a la protección del territorio y el medioambiente. Cada país enfrenta un contexto particular de violencia contra los defensores ambientales.
Por ejemplo, en países como México, Honduras y Colombia, los asesinatos de defensores de la naturaleza son alarmantemente frecuentes. Las medidas implementadas por los Estados, sin importar el partido gobernante, han resultado insuficientes en los últimos años, permitiendo que grupos criminales hostiguen y atenten contra la vida de quienes cumplen una labor noble: la protección de lo más valioso, la naturaleza.
En Bolivia, el contexto responde a una realidad propia. Si bien los asesinatos no son tan comunes, el hostigamiento, el amedrentamiento y la criminalización de los defensores ambientales son prácticas frecuentes y han aumentado en los últimos años. Organizaciones como el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Observatorio de Defensores de la Red UNITAS registran anualmente un incremento en los ataques y la criminalización de quienes luchan por la protección del medioambiente.
Desde hace años, la sociedad civil exige la implementación de medidas efectivas por parte del Estado para garantizar la protección de los defensores del medioambiente. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido nula, condicionada por intereses políticos y económicos.
La defensa del territorio y la naturaleza choca frontalmente con los intereses de los principales aliados del partido oficialista, en particular el sector minero. Entre ellos, destacan aquellos que operan en la ilegalidad, promoviendo el saqueo de recursos, el avasallamiento de tierras y el tráfico de territorios con total impunidad. Esta realidad explica la inacción del gobierno y su falta de voluntad para garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, especialmente en las inmediaciones del Madidi.
Hace poco, el país fue testigo de una tragedia que ilustra esta alarmante situación: el asesinato de Francisco Marupa, un reconocido defensor de la naturaleza. El crimen aún está envuelto en incertidumbre, aunque, según información difundida por algunos medios de comunicación, una persona arrestada habría confesado haber cometido el homicidio por encargo.
Más allá de las incógnitas que rodean el caso y de la imperiosa necesidad de una investigación exhaustiva, una verdad se impone con claridad: defender los derechos humanos en Bolivia sigue siendo una tarea de alto riesgo.
Este caso pudo haberse evitado. Durante años, organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido sobre el aumento de amenazas y hostigamientos contra los defensores ambientales en el Madidi. Más aún, muchas de estas organizaciones han denunciado la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal, quienes, desde hace tiempo, han instaurado un clima de terror en el norte de La Paz, con los defensores del territorio como principales víctimas.
El Estado boliviano tiene compromisos internacionales que, hasta la fecha, sigue sin cumplir. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de defensores de derechos humanos, obliga a Bolivia a adherirse a los estándares interamericanos en la protección de quienes ejercen esta labor. Sin embargo, lejos de demostrar avances en esta dirección, lo que se observa es una protección implícita a los sectores responsables de estos crímenes.
Asimismo, Bolivia ha firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú, cuyo Artículo 9 establece la obligación de los Estados de garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan ejercer su labor sin amenazas, restricciones ni inseguridad. No obstante, este compromiso también ha sido vulnerado recientemente con la firma de convenios con empresas chinas para la explotación del litio, evidenciando una contradicción entre los compromisos internacionales del Estado y su accionar en la práctica.
La actual administración, encabezada en gran medida por el vicepresidente David Choquehuanca, se esfuerza por proyectar en los foros internacionales una imagen «pachamamista», presentándose como defensora de los pueblos indígenas y protectora de la naturaleza. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad. Tanto este gobierno como los anteriores, han implementado estrategias de presión y hostigamiento, generando un ambiente cada vez más hostil para los defensores del territorio y el medioambiente. La división y persecución de organizaciones como la CONAMAQ y la CIDOB son prueba de ello.
Actualmente, mientras Choquehuanca habla de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la Madre Tierra en Naciones Unidas, en Bolivia sus aliados, vinculados a la minería ilegal, persiguen y asesinan a defensores indígenas. Al mismo tiempo, se siguen aprobando megaproyectos, como el de la explotación del litio, sin respetar el derecho a la Consulta Previa de las comunidades afectadas.
Francisco ha fallecido, pero su espíritu mantiene unidos a los pueblos en resistencia. Su lucha por la defensa del territorio y la naturaleza será eterna.
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Franco Albarracín es esperto en Derechos Humanos
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