Representantes de organizaciones de la sociedad civil boliviana que participaron en la presesión del EPU. Foto: UNITAS.
La Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia participó este martes en una presesión del EPU ante delegados de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El espacio permitió a la sociedad civil exponer preocupaciones y proponer recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos ante diferentes representantes de delegaciones diplomáticas.
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) fue parte de las seis organizaciones bolivianas seleccionadas como oradoras en la presesión y abordó ante las delegaciones diplomáticas la situación de las libertades fundamentales, el derecho a defender derechos y la carencia de una ley en materia de acceso a la información en Bolivia.
“Hemos presentamos los datos de nuestro informe alternativo presentado en junio a Naciones Unidas y que tuvo insumos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos y los informes de situación que anualmente emite el Observatorio”, informó desde la ciudad de Ginebra la coordinadora del programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de UNITAS, Claudia Terán.
UNITAS presentó en esta presesión un resumen de su informe alternativo sobre el estado de situación de la libertad de prensa, afectada por 425 vulneraciones registradas entre 2022 y 2024; además de las violaciones a las personas y organizaciones defensoras de derechos, cuyas vulneraciones fueron de 153 en el mismo lapso.
“Expusimos cómo estas problemáticas afectan el entorno propicio para ejercer derechos y la institucionalidad democrática. Este espacio es un proceso de incidencia que busca que las delegaciones diplomáticas identifiquen nuestras preocupaciones y las incluyan en sus recomendaciones al Estado boliviano en enero”, agregó Terán.
Además, el informe alternativo de UNITAS hace mención a la falta de una ley para garantizar el acceso a la información en Bolivia, y alerta sobre las amenazas a la libertad de reunión y el derecho a la protesta en el país y el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales en Bolivia, como forma de vulneración a la libertad de asociación.
El EPU es un proceso que permite la revisión periódica del cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en los países miembros de Naciones Unidas. El Estado boliviano debe presentarse a su cuarto EPU en enero de 2025.
La Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia, que reunió para este tema a más de 300 organizaciones de la sociedad civil, elaboró informes alternativos sobre los derechos humanos en Bolivia, en los que estableció que la mayoría de las recomendaciones realizadas en 2019 no fueron cumplidas por el Estado boliviano.
Además de la presesión realizada este martes, las diferentes organizaciones de la sociedad civil llevan adelante reuniones bilaterales sobre este tema con otras delegaciones diplomáticas. En el caso de UNITAS y otras organizaciones de la coalición, se tuvo también reuniones con representantes de procedimientos especiales de las Naciones Unidas, que fueron propiciadas por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDHE).
Además de UNITAS, en la presesión participaron como parte de las organizaciones bolivianas: Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) Coalición Ciudadana contra la Tortura; la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP); Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia; Alianza Libres Sin Violencia; y la Fundación Construir.
