Defensores de Tariquía. Foto: Verdad con Tinta
Entre mayo y agosto de 2024, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) registró 56 hechos que violan los derechos territoriales y ambientales en diversas regiones del país. Los incidentes afectan especialmente a áreas protegidas y comunidades indígenas, las cuales enfrentan constantes amenazas debido a la expansión de actividades extractivas, principalmente en la Amazonía y la Chiquitanía.
«Las áreas protegidas, las comunidades y los territorios indígenas están en alerta y en una situación de amenaza constante por la intención del Gobierno de mantener e impulsar actividades extractivas mineras e hidrocarburíferas y por el incremento de la habilitación de tierras en la Chiquitanía y la Amazonía», refiere el estudio del CEDIB.
Estas violaciones incluyen la habilitación de tierras para monocultivos, la ganadería extensiva y la colonización por sectores afines al partido gobernante, lo que contribuye al acaparamiento y tráfico de tierras. Además, el avance de proyectos mineros y petroleros ha incrementado la deforestación, la contaminación por metales pesados y los incendios forestales, generando un impacto directo en el derecho a la salud y a un medioambiente saludable, añade el texto.
Uno de los casos reportados fue la autorización de la tala en zonas cercanas al Parque Nacional Madidi, afectando el suministro de agua de al menos 60 familias. Asimismo, comunidades como las de Chiquiacá, en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, denunciaron la presión de empresas petroleras como Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que buscan continuar con proyectos hidrocarburíferos a pesar de la resistencia local.
En la comunidad indígena de Carmen Pecha, ubicada en el territorio tacana, las actividades mineras auríferas han devastado riberas del río Tequeje, contaminando con mercurio el agua y destruyendo las tierras de cultivo de la población local, quienes han visto afectada su principal fuente de sustento. A su vez, en la región de San Juan del Oro, en el municipio de Tupiza, las comunidades rurales denunciaron que empresas mineras extraen oro de manera ilegal, sin ningún tipo de control ambiental, provocando daños irreversibles en los ecosistemas fluviales, lo que ha generado una crisis de abastecimiento de agua para las poblaciones afectadas.
«El persistente avance de las actividades extractivas conlleva graves impactos, como la contaminación por metales pesados de los ríos y fuentes de agua, la deforestación e incendios de grandes dimensiones, y vulnera directamente el derecho a la salud y a un ambiente limpio y saludable de las comunidades que viven en los territorios afectados y de toda la población», indica el estudio.
El CEDIB señala la falta de acción por parte de organismos como lla Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), cuyas omisiones permiten que estas violaciones sigan ocurriendo. También se han documentado casos de amenazas y agresiones físicas contra defensores del medioambiente y los territorios indígenas, exacerbando la crisis.
Un ejemplo reciente es el caso de la comunidad Totoral Chico en el Ayllu Acre Antequera, Oruro, donde empresas mineras avasallaron sus tierras de pastoreo en represalia a las denuncias realizadas por las mujeres de la comunidad. A pesar de los esfuerzos por proteger su territorio, los comunarios fueron amenazados y agredidos físicamente, y las instituciones judiciales no han brindado la protección necesaria para garantizar su seguridad.
Otra situación crítica se vive en las comunidades de Tariquía. Al menos 20 defensores del medio ambiente son procesados penalmente por YPFB por el presunto delito de obstrucción al trabajo (de exploración petrolera). A pesar de la presión y las promesas engañosas de las empresas, los comunarios continúan luchando por la protección de su territorio y exigen que las actividades hidrocarburíferas se detengan para preservar una de las zonas de recarga hídrica más sensibles del país.
Estos 56 casos demuestran la compleja situación de los derechos humanos en Bolivia, donde los intereses extractivos continúan prevaleciendo sobre la protección de los pueblos indígenas y sus territorios, señala la entidad.
Puede leer el informe aquí:
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