La Vicepresidencia del Estado, mediante un comunicado, pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la aclaración del fallo que legaliza el negocio de los bonos de carbono y le acusa de no haber tomado en cuenta sus argumentos, pese a que fueron enviados dentro del plazo establecido.
“Se ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional la corrección de la mencionada sentencia, para que se reconozca que la Vicepresidencia del Estado Plurinacional presentó su informe dentro del plazo legal, y se enmiende cualquier efecto derivado de la no consideración de este informe en otros puntos del fallo”, señala un comunicado emitido por la oficina de David Choquehuanca.
Agrega que en la sentencia, el TCP afirmó que la Vicepresidencia no presentó el informe correspondiente dentro del plazo establecido, “sin embargo, dicha afirmación no refleja la realidad de los hechos, ya que la notificación de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta y el Auto de Emisión fue debidamente recibida y contestada por esta entidad el 1 de noviembre de 2023, cumpliendo con el plazo legal establecido de quince (15) días”.
El Tribunal Constitucional, que está integrado por magistrados autoprorrogados en sus cargos, declaró inconstitucional una parte de la Ley de la Madre Tierra y dio paso a la legalización del negocio de los bonos de carbono, que estaba prohibido en Bolivia, según el fallo emitido el 19 de junio pasado.
El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, declaró a Sumando Voces que la emisión de bonos de carbono es una práctica “perversa y especulativa” porque premia al que estaba deforestando cuando deja de hacerlo y no así al que estuvo conservando la naturaleza. No sólo eso, sino que quienes compran estos bonos continúan contaminando en sus países porque acreditan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la compra de bonos en países como Bolivia.
El senador del MAS por Pando, Ermenegildo Llavera Chusgo (evista), presentó la demanda argumentando que un artículo de la Madre Tierra vulnera el derecho a un medio ambiente sano y se sobrepone a tratados internacionales. El Tribunal Constitucional le dio curso a su demanda sin considerar la defensa de la Vicepresidencia, que por norma, es la que defiende las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa.
El artículo demandado es el 32, inciso cinco, que dice: “Todos los planes y programas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono”.
“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que confiere la Constitución Política del Estado y el artículo 12,1 de la Ley del Tribunal Constitucional, resuelve declarar la inconstitucionalidad de la frase “… estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a mercados de carbono”, según el fallo al que tuvo acceso este medio.
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