La crisis política y económica, que fue agravada por la asonada militar del 26 de junio, vulnera los derechos ciudadanos y, si no se la afronta, podría ser demasiado tarde, advirtieron este jueves los participantes del programa Sumando Voces en Directo.
“Si seguimos con la estrategia de aguantar, aguantar y aguantar es probable que la crisis termine estallando en nuestras manos”, advirtió el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, quien comentó el Informe sobre la Economía de Bolivia y sugirió al presidente Luis Arce viabilizar al menos tres temas urgentes de la agenda nacional: autonomía del Banco Central, elecciones judiciales en el segundo semestre del año y convocatoria político-empresarial “para generar las bases de un gran acuerdo que respalde una negociación para lograr un financiamiento internacional”.
Lo que quedó claro en el programa es que la crisis económica y la política están intrínsecamente ligadas, a tal punto que Oporto menciona que “sin solución política no hay solución económica”.
Sin embargo, el abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, considera que no existe voluntad política de parte del Gobierno para afrontar la situación y, por el contrario, está aprovechando de la crisis institucional poniendo a los magistrados autoprorrogados a su servicio. El especialista afirma que éste es el “verdadero golpe” a la democracia.
Albarracín, además, repara en que esta situación de crisis política y económica está provocando la vulneración de los derechos humanos, desde los derechos civiles hasta los derechos económicos.
En la misma línea, Oporto advierte que los derechos económicos están en riesgo porque mucha gente ya no está pudiendo llegar a fin de mes en un contexto de elevación de precios y de caída del poder adquisitivo de sus ingresos.
Por eso, considera que existe una sensibilidad mayor en la gente ante eventos políticos o militares como el sucedido el 26 de junio, cuando hubo inusuales retiros de dinero y una sobredemanda de alimentos y combustibles.
Economía y justicia
En ese marco, Oporto expuso la propuesta de la Fundación Milenio, en sentido de que se deberían aplicar seis políticas públicas destinadas a reducir el alto déficit fiscal, unificar los actuales 13 tipos de cambio que existen, desarrollar una política de promoción de las exportaciones para atraer dólares e impulsar las inversiones privadas, además recurrir a un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, a decir de Oporto, ya no es la institución “impositiva” que solía ser.
En lo político, lejos de haber condiciones para un acuerdo, Albarracín ve que el Gobierno “quiere seguir aprovechando de la falta de institucionalidad para sus fines político partidarios”.
De hecho, considera que “el Gobierno no quiere que exista una reforma a la justicia, por eso ha puesto todos los obstáculos posibles” para que ésta no se realice.
Y ese, según el especialista, “fue un verdadero golpe a la democracia”, a diferencia del “supuesto golpe” sucedido el 26 de junio en la plaza Murillo.
Y, al no querer soltar el poder del órgano Judicial, se profundiza las crisis en todas sus dimensiones. “Por estas razones políticas, este Gobierno en lugar de encaminar procesos que puedan solucionar la crisis institucional, la crisis en la justicia y la crisis económica, a través de sus acciones completamente negativas, está empeorando la vida de los bolivianos”, dice Albarracín.
Afectación a los derechos
Albarracín repara en la afectación que esta situación provoca en los derechos de las personas. En primer lugar, indica, eventos como la asonada militar derivan en impunidad porque “claramente el Ministerio Público no está impulsando una investigación independiente, imparcial y objetiva, por el contrario, están concentrados nuevamente en la persecución política”.
La segunda afectación es a los derechos civiles y políticos, y la tercera es una afectación a los derechos económicos sociales y culturales”.
También existe coincidencia en sentido de que la crisis económica y política no han surgido de la noche a la mañana y que son parte de un proceso de deterioro sistemático.
“Son ya varios años en que viene madurando esta crisis y lamentablemente a lo largo de este tiempo hemos tenido, de parte del Gobierno, una actitud negacionista”, dice Oporto refiriéndose a la crisis económica.
Lo propio ocurre con la crisis institucional, que ya lleva varios años de existencia. Según Albarracín, la toma militar de la plaza Murillo es un evento más de varios otros que afectan a la democracia.
Y, más allá de si fue un intento de golpe o un intento de autogolpe, lo cierto es que “quién termina siendo afectado es el ciudadano de a pie, es la población”, explica.
Oporto sugiere no olvidar que “desde la economía se puede afectar los derechos humanos” por eso mismo insta a afrontar la situación de inmediato para evitar la carestía, el encarecimiento de precios, un rebrote inflacionario y pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los ingresos.
Las familias “pueden empobrecerse mucho más con el desarrollo de la crisis económica y si queremos realmente evitar que eso suceda, es el momento de tomar las medidas”, indica.
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