Roger Cortez Hurtado
O, de manera más sencilla. ¿Está borracho el Estado boliviano? Desde luego que no, porque hablamos de una institución, es decir una construcción social que no ingiere, estrictamente hablando, comidas ni bebidas. Entonces ¿serán sus operadores -que se sienten sus dueños- los que se pasaron de tragos? Con seguridad, unos cuantos sí, otros, una gran mayoría, confiamos que no; especialmente en horas de trabajo.
Empero, cuando el presidente del Estado, disputando el papel de gobernador departamental, pero uno extremadamente chauvinista y desubicado a morir, convoca a los paceños a dejar de comprar alimentos producidos en Bolivia, en otros departamentos, aludiendo un enésimo intento de una fantasiosa “marcha hacia el norte”, siempre fracasada, inclusive cuando existían mejores posibilidades objetivas de intentarlo. Marcha e industrialización ficticias es lo que se nos da y vuelve a ofrecer, con el solo ejemplo del ingenio azucarero, sin caña, pero con precio exorbitante, que subsiste a las malas, con altos subsidios, en San Buenaventura.
Arengas (propuestas no son) de esta estirpe, para un país no que no se autoabastece ni de alimentos, exhiben a una calidad de gobernantes que, ni siquiera en la escuela, entendieron que los conductores del Estado están obligados a alimentar las convergencias, solidaridad y cooperación entre departamentos o cualesquier otra denominación regional interna y no a azuzar competiciones y recelos absurdos y forzados. Unidad, fraternidad, justicia construyen y cohesionan al país; son el ABC de las obligaciones de un presidente. Las explicaciones de la máxima autoridad sobre la realidad económica del país ya hicieron asomar graves trastornos de toda índole que le impiden comprender su obligación de resolver otros problemas, mucho, muchísimo, más importantes que su próxima candidatura o sus vendettas con su anterior amo político.
Si los problemas de conocimiento e interpretación afectasen a un único individuo y no a quienes lo rodean y ensalzan habría, quizás, un margen para esperar enmiendas. Pero, el “círculo rojo” de los leales y encargados de interpretar las coyunturas, montar la estrategia y operar tácticas se está descuajeringando. Lo muestra la manera en que sus dos más conocidos “operadores políticos”, no se limitan a intercambiar gravísimas acusaciones, sino desarrollan sus propias campañas políticas de promoción personal. Uno, señalado por el otro de alentar y proteger, mediante la digitación de jueces, al principal acusado de asesinar policías en Santa Cruz, mientras el acusador, y jefe de la cartera de Gobierno, nos exhorta a “sincerar” los avasallamientos en Guarayos, Santa Cruz.
La “sinceridad” en los términos planteados por el ministro, equivale a legitimar y legalizar invasiones y asaltos territoriales, inclusive armados, a parques y reservas naturales, territorios indígenas y/o tierras fiscales, apropiadas principalmente por el nuevo tipo de colonizadores, especializados en el tráfico y especulación de tierras, agroempresarios y, secundariamente, por colonos asentados. El principal funcionario, obligado por la Constitución y su juramento a garantizar la paz, el cumplimiento de las leyes, la propiedad colectiva e individual de los ciudadanos, utiliza su poder, en este caso la comunicación emitida desde el espacio estatal, para abogar por una suerte de amnistía y premiación para traficantes inescrupulosos que al tiempo que se adueñan de nuestra propiedad común, avivan salvajemente la crisis climática con desbosques, incendios, destrucción de la biodiversidad.
Mientras en los principales ministerios se desenvuelven estas políticas, el presidente enfrenta la debacle económica negándose a verla e incitando a guerras comerciales internas, lo que compone un caso extremo de lo que técnicamente se llama autonomía relativa del Estado. En Bolivia esto refleja el choque de los intereses corporativistas que han servido de soporte a la fallida construcción de un nuevo tipo de Estado capitalista, retóricamente disfrazado de cualquier otra cosa. Ya se legitimó la minería pirata, encubierta por cierta índole de cooperativismo, que se lleva nuestro recurso natural oro, dinamitando y depredando el medioambiente. La fabricación y exportación mayorista de cocaína se encubre detrás de campañas de destrucción de pozas y factorías fantasmales.
Ni Estado ebrio, ni estados alterados de conciencia de sus conductores son los que están moviendo los hilos del poder en favor de grupos, clanes, tribus y jefes de corporaciones, contra el interés común. Son intereses concretos de socios, amigos, familiares y camaradas de organización o club político o sindical.
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Roger Cortez es investigador social y docente.
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