La Policía se instaló en la APDHB tras la toma y no sale de ahí hasta ahora. Foto: ERBOL
Luego de un año de la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por una organización paralela afín al gobierno de Luis Arce, las instalaciones permanecen controladas por la Policía, que impide el ingreso de su presidenta, Amparo Carvajal.
Frente a esa situación, la institución emitió un comunicado en el que exige la restitución de las instalaciones y advierte que su toma no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de silenciamiento de instituciones por parte del Gobierno.
“La toma de nuestras oficinas no fue, ni es un caso aislado o de privados, como lo señala la propaganda del Gobierno, al contrario, se enmarca en una política de silenciamiento de instituciones que, como la APDHB, levantan su voz por la defensa de los derechos humanos, la independencia judicial, el respeto a la propiedad privada y el restablecimiento de la institucionalidad tan venida a menos como resultado de las políticas aplicadas por el MAS”, indica un pronunciamiento de la institución.
La entidad considera que la estrategia gubernamental contra las organizaciones de la sociedad civil consiste “en la creación de organizaciones paralelas para debilitar, cooptar y finalmente tomarlas por la fuerza a aquellas que son contestatarias y no responden a los intereses partidarios del gobierno de turno”. Y, según el comunicado, luego el gobierno las legaliza y consolida como organizaciones paralelas.
Ante esta situación, “exigimos se proceda a la restitución de las oficinas de la APDHB, encabezada por nuestra presidenta legítima, Amparo Carvajal Baños, mientras tanto seguiremos firmes en el cumplimiento de nuestra misión en la calle y con la gente”, indica el comunicado.
El 2 de junio de 2023, un grupo de personas encabezadas por Edgar Salazar, tomó violentamente la sede, ubicada en la Avenida 6 de agosto de La Paz. Carvajal se mantuvo en vigilia durante 50 días y noches, logrando que los avasalladores sean desalojados. Sin embargo, desde entones la sede permanece bajo control de la Policía.
Según el pronunciamiento de la institución, “los abusos y atropellos cometidos contra la APDHB, son una nuestra de lo que sucede en el país, con el envilecimiento de la justicia, el avasallamiento de la propiedad privada que, por el momento, se hizo retroceder, la anulación de la Asamblea Legislativa a partir de fallos emitidos por magistrados ilegítimos e ilegalmente autoprorrogados, que en los hechos implica la instauración de una dictadura judicial”.
Mientras la toma de la APDHB se mantiene, Carvajal y activistas que la apoyan atienden los casos de DDHH en la calle.
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