Editorial Sumando Voces
Los cooperativistas mineros son un sector tan poderoso que está a punto de lograr uno de sus anhelos: la aprobación de 19 contratos mineros para explotar oro y otros minerales en el departamento de La Paz.
Las concesiones son por 30 años y, aunque parezca increíble, los beneficiarios no han presentado ningún tipo de estudio ambiental, por el contrario, varios de ellos reconocieron que utilizarán mercurio y explosivos para extraer los minerales, lo que ineludiblemente provocará un daño al medio ambiente y afectará los modos de vida de las comunidades indígenas y campesinas.
Justamente, por carecer de estudio ambiental, el año pasado estos contratos, que entonces eran 23, fueron rechazados por la Cámara de Senadores.
Este año, los mismos contratos fueron aprobados en la Cámara de Diputados y ya fueron aprobados en la Comisión de Economía Plural del Senado. Luego pasarán al Pleno Camaral para su sanción, pese a la exigencia legal de que las concesiones cercanas a los cuerpos de agua deben contar con un estudio ambiental de enfoque multisectorial.
La Ley de Minería, en su artículo 93, inciso c, indica que “En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a estudios ambientales con enfoque multisectorial”.
La AJAM argumenta que los contratos no tienen ninguna observación porque el citado artículo no está reglamentado y, por tanto, no se aplicaría. Sin embargo, la ley fue aprobada hace 10 años, por lo que hubo tiempo de sobra para la reglamentación.
Además de la vulneración obvia de la Ley de Minería, estos contratos se saltan derechos básicos establecidos en la Constitución, como el derecho a gozar de un medio ambiente sano.
Durante el gobierno del MAS, el sector cooperativista ha tomado el control del negocio del oro, por el que paga una ínfima regalía de 2,5% y, lejos de mejorar la vida de los bolivianos, la empeora porque contamina el medio ambiente.
Hasta la fecha se conocen al menos tres estudios científicos que revelan la presencia de metales y sustancias tóxicas en el cuerpo de pobladores de los pueblos indígenas del norte amazónico, de Cantumarca en Potosí y de Puñaca en Oruro.
Pese a esas afectaciones, la expansión del cooperativismo minero no se detiene por la influencia política de la que goza. No hay que perder de vista que integrantes de ese sector fungen como autoridades en distintos niveles del Estado, lo que se traduce en más concesiones para el sector.
De hecho, la aprobación de estos 19 contratos estuvo precedida por una declaración del ministro de Minería, Alejandro Santos, quien prometió acelerar los contratos, aunque sin tocar las áreas protegidas. Y, evidentemente, las nuevas concesiones no están asentadas en áreas protegidas, pero no por eso están exentas de cumplir con las obligaciones legales.
Por la salud de los y las bolivianos y bolivianas, por el medio ambiente sano que todos nos merecemos, en cumplimiento de acuerdos internacionales que el Estado asumió, e incluso por los intereses económicos del Estado, el Gobierno y sus legisladores tienen una responsabilidad que cumplir poniendo freno al avance del cooperativismo minero vulnerador de derechos, sobre todo de pueblos indígenas y la naturaleza.
19 contratos mineros contra el medioambiente
Los cooperativistas mineros son un sector tan poderoso que está a punto de lograr uno de sus anhelos: la aprobación de 19 contratos mineros para explotar oro y otros minerales en el departamento de La Paz.
Las concesiones son por 30 años y, aunque parezca increíble, los beneficiarios no han presentado ningún tipo de estudio ambiental, por el contrario, varios de ellos reconocieron que utilizarán mercurio y explosivos para extraer los minerales, lo que ineludiblemente provocará un daño al medio ambiente y afectará los modos de vida de las comunidades indígenas y campesinas.
Justamente, por carecer de estudio ambiental, el año pasado estos contratos, que entonces eran 23, fueron rechazados por la Cámara de Senadores.
Este año, los mismos contratos fueron aprobados en la Cámara de Diputados y ya fueron aprobados en la Comisión de Economía Plural del Senado. Luego pasarán al Pleno Camaral para su sanción, pese a la exigencia legal de que las concesiones cercanas a los cuerpos de agua deben contar con un estudio ambiental de enfoque multisectorial.
La Ley de Minería, en su artículo 93, inciso c, indica que “En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a estudios ambientales con enfoque multisectorial”.
La AJAM argumenta que los contratos no tienen ninguna observación porque el citado artículo no está reglamentado y, por tanto, no se aplicaría. Sin embargo, la ley fue aprobada hace 10 años, por lo que hubo tiempo de sobra para la reglamentación.
Además de la vulneración obvia de la Ley de Minería, estos contratos se saltan derechos básicos establecidos en la Constitución, como el derecho a gozar de un medio ambiente sano.
Durante el gobierno del MAS, el sector cooperativista ha tomado el control del negocio del oro, por el que paga una ínfima regalía de 2,5% y, lejos de mejorar la vida de los bolivianos, la empeora porque contamina el medio ambiente.
Hasta la fecha se conocen al menos tres estudios científicos que revelan la presencia de metales y sustancias tóxicas en el cuerpo de pobladores de los pueblos indígenas del norte amazónico, de Cantumarca en Potosí y de Puñaca en Oruro.
Pese a esas afectaciones, la expansión del cooperativismo minero no se detiene por la influencia política de la que goza. No hay que perder de vista que integrantes de ese sector fungen como autoridades en distintos niveles del Estado, lo que se traduce en más concesiones para el sector.
De hecho, la aprobación de estos 19 contratos estuvo precedida por una declaración del ministro de Minería, Alejandro Santos, quien prometió acelerar los contratos, aunque sin tocar las áreas protegidas. Y, evidentemente, las nuevas concesiones no están asentadas en áreas protegidas, pero no por eso están exentas de cumplir con las obligaciones legales.
Por la salud de los y las bolivianos y bolivianas, por el medio ambiente sano que todos nos merecemos, en cumplimiento de acuerdos internacionales que el Estado asumió, e incluso por los intereses económicos del Estado, el Gobierno y sus legisladores tienen una responsabilidad que cumplir poniendo freno al avance del cooperativismo minero vulnerador de derechos, sobre todo de pueblos indígenas y la naturaleza.
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