Editorial Sumando Voces
La preselección de candidatos a las elecciones judiciales estaba llegando a su recta final, cuando una ola de amparos judiciales paralizó el proceso. La Asamblea Legislativa debía entregar hasta el 6 de mayo al Tribunal Supremo Electoral la nómina de quienes se someterán al voto popular para ocupar los cargos de magistrados de las altas cortes o consejeros de la magistratura, sin embargo, ahora el cronograma queda sujeto a la decisión de los tribunales de justicia.
Para la recta final, es importante que, tal como recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se cuiden la transparencia, la participación y la publicidad como garantía de que el proceso no será manipulado en favor de algún partido político.
El proceso de preselección comenzó el 17 de febrero de este año con la recepción de postulaciones y actualmente se encuentra en la etapa de evaluación de méritos, que incluye una prueba oral basada en preguntas previamente elaboradas por los colegios de abogados, escuela de jueces y las Universidades pública y privada.
Durante estos dos meses, la Veeduría Ciudadana, integrada por la Fundación Jubileo la Ruta de la Democracia, la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos y la Red UNITAS, hizo seguimiento al proceso y ya emitió dos informes preliminares.
El primer informe expuso deficiencias relacionadas con el poco acceso o acceso tardío a la información, con los requisitos no uniformes para la acreditación de veedores, la poca presencia de mujeres entre los postulantes y la falta de organización en el trabajo de las comisiones.
El segundo informe reveló irregularidades en la habilitación de al menos ocho postulantes a las elecciones judiciales. En concreto, se refiere a dos postulantes que estaban inhabilitados, pero que aparecen en la lista de habilitados; a tres aspirantes que no cumplieron con el requisito de los ocho años de experiencia y que pese a eso fueron habilitados; a dos postulantes que fueron habilitados luego de varias reconsideraciones exigidas por legisladores del MAS y a un postulante que introdujo su recurso de revisión fuera de término y también resultó habilitado.
En ambos informes queda claro que el ánimo de la Veeduría es constructivo porque plantea sus observaciones acompañadas de recomendaciones para corregir el proceso. Ahora que la preselección se encuentra en su etapa final, sería bueno que esas recomendaciones sean tomadas en cuenta para garantizar la idoneidad de los seleccionados.
Tanto la observación como las recomendaciones están enmarcadas en los estándares iberoamericanos, que justamente han sido recordados por la CIDH en un comunicado en el que anuncia una cooperación técnica con la Asamblea Legislativa para la etapa de la preselección de candidatos judiciales.
Esta cooperación incluirá el envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes al sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas, que posteriormente será objeto de diálogo entre el comisionado José Luis Caballero y autoridades de la Asamblea Legislativa.
“En el informe de país, la CIDH indicó que los procesos de selección de las personas que forman el Poder Judicial deben tener cualidades tales como la publicidad, participación, y transparencia, que contribuyen a fortalecer la certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”, indica una nota de prensa de la Comisión dejando constancia sobre cómo debería ser el proceso.
Como se puede advertir, la preselección de candidatos judiciales ha concitado interés incluso internacional, precisamente porque se conoce que la justicia boliviana atraviesa por una severa crisis de confianza y porque además existe coincidencia de que las elecciones judiciales, si bien no resolverán la problemática estructural, al menos permitirán poner fin a la prórroga inconstitucional de mandato de los magistrados.
Lo ideal sería que las elecciones judiciales no sólo sirvan para frenar a los prorrogados, sino que se conviertan en el punta pie inicial para un verdadero cambio en la justicia. La selección de magistrados probos es el punto de partida para que el sistema cambie en una especie de cascada.
Tal vez la esperanza sea que ningún partido tiene dos tercios de votos como sucedió con el MAS en las dos anteriores elecciones y que todos estén obligados a dialogar y concertar, lo que no implica negociar o cuotear, con la finalidad de dotarle de dignidad a quienes tienen el infortunio de caer en las garras de la justicia.
Todo lo dicho será papel mojado si el proceso se trunca por acciones judiciales que vaya a saber a qué intereses responden.
También te puede interesar:
