El análisis de las hojas de vida de los postulantes a las elecciones judiciales 2024 en Bolivia revela que el 84,2% de ellos tiene o ha tenido vínculos con la función pública. Desde profesionales del Órgano Judicial hasta cargos de confianza en el Ejecutivo, e incluso aquellos que trabajan en universidades públicas e implicados en los hechos del 2019, aspiran a ser magistrados o consejeros.
Según el estudio de datos realizado por Visión 360, de los 405 postulantes al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Agroambiental, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 341 tienen antecedentes como funcionarios públicos. De estos, 330 presentaron declaraciones juradas entre abril de 2022 y abril de 2024.
Entre los postulantes a las altas cortes del país también hay excandidatos, autoridades electas, exministros, exvocales de tribunales departamentales electorales y hasta exjueces. Por ejemplo, Teodoro Blanco, candidato a gobernador de Oruro en el año 2014; Carlos Contreras, excandidato a senador por la agrupación Juntos; o Rolando Soto, candidato a diputado por el Frente a la Victoria, en 2020, figuran en la nómina de postulantes.
De igual manera resalta el nombre de Marvin Molina, magistrado autoprorrogado con nueve impugnaciones. También Franklin Garvizú, diputado uninominal por el partido del MAS, quien fue investigado por presuntos actos de corrupción. Elizabeth Gutiérrez se suma a esta lista, ella fue ministra de Justicia en 2014; o Eulogia Flores, vocal del Tribunal Electoral de Potosí, entre otros.
Respecto a quienes estuvieron involucrados en el presunto fraude electoral de 2019 están Marvin Montaño Parada, quien actualmente postula al Consejo de la Magistratura. En 2019 fue presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y fue acusado de cambiar las computadores que se usaron en el conteo rápido, refiere la publicación periodística.
También está José Pedro Ugarte Imaña, abogado del exministro de Defensa Javier Zabaleta, quien fue acusado de participar en el fraude electoral. También figura Claudia Castro Dorado, quien levantó la orden aprehensión contra Juan Ramón Quintana, entre otros.
El contexto ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, entre ellos, los Juristas Independientes, quienes expresaron su inquietud por «la presencia de servidores públicos en ejercicio, magistrados beneficiados con prórrogas y autoprórrogas, y postulantes con graves denuncias que han motivado impugnaciones públicas», refiere un comunicado.
Para Pedro Portugal, analista político, la prevalencia de estas candidaturas refleja un problema histórico en Bolivia, donde los cargos no siempre se asignan por competencia, sino por afinidad política, lo que conlleva a varias interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial en el país.
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