91% de las vulneraciones a la libertad de reunión y protesta fueron perpetradas por la Policía

Derechos Humanos

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Rodolfo Huallpa

Una de las manifestaciones de los maestros urbanos en la ciudad de La Paz en 2023. Foto: El País.

Durante el 2023, la Policía fue la principal vulneradora de la libertad de reunión y protesta, con el 91% de las transgresiones cometidas entre los 68 casos que registró el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

De acuerdo con los datos, fueron 68 casos de vulneración a la libertad de reunión y derecho a la protesta que se produjeron durante el 2023, de los que, 41 casos (60%) corresponden a personas heridas en protestas, 11 (16%) a represiones de una protesta, cinco (7%) a incumplimiento al deber de protección, tres (4%) a impedimentos de una protesta, entre otros.

“El 91% de las violaciones a la libertad de reunión pacífica y derecho a la protesta (62 casos) fueron cometidas por la acción directa u omisión de agentes de la Policía”, resalta el informe, que destaca que el 75% de las vulneraciones a la libertad de reunión y protesta supusieron el uso excesivo de la fuerza pública, que tuvo como resultado decenas de personas heridas y un muerto en las manifestaciones por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en enero de 2023.

En lo referido a los heridos, resaltan los casos de Jesús Berem Echalar (03/01/23), quien fue herido por impacto de proyectil en la cara lanzado por la Policía durante los enfrentamientos en Santa Cruz; o los 32 heridos producto de la represión policial a los maestros urbanos, cuando estos protestaban en la ciudad de La Paz en contra de nuevo plan curricular (22/03/23). En la jornada del 10 y 12 de abril, se registraron otros siete heridos en reiteradas jornadas de protesta de los maestros.

Pero los heridos en protesta no sólo corresponden a casos de acción directa de la Policía, sino también en otros episodios en donde se evidencia la omisión de su labor, según el informe. Uno de esos casos involucra al diputado Miguel Roca (CC), quien resultó herido luego de un enfrentamiento entre cívicos paceños y grupos de choque del MAS, que salieron a las calles a contrarrestar a quienes protestaron exigiendo la libertad de los presos políticos (10/01/23).

“Uno de los aspectos más inquietantes en estos conflictos fue la frecuencia, sistematicidad e intensidad con la que se registraron enfrentamientos violentos entre civiles instigados por grupos de choque con la intención de desacreditar y desmovilizar a personas y organizaciones manifestantes. Sin embargo, este rasgo no es exclusivo de esta categoría de vulneración; la normalización del empleo de estos grupos se ha generalizado en diversos eventos, evidenciando un entorno desfavorable para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”, se lee en el Informe de Situación 2023 de UNITAS.

En torno al rol de la Policía de resguardar y preservar la seguridad de la población, el informe muestra que se presentaron casos en los que justamente el Estado incumple su deber de protección en protestas. Por ejemplo, cuando cívicos paceños convocaron a manifestaciones en contra de la persecución política y, como consecuencia, grupos de choque salieron a contrarrestar estas movilizaciones, en una “aparente complicidad” de la Policía con la acción de estos grupos.

“Frente a la acción violenta perpetrada por diversos grupos de choque con la clara intención de debilitar las manifestaciones sociales, se evidenció que la policía no desempeñó su función constitucional de garantizar la libre expresión de protestas. En el contexto de manifestaciones contrapuestas, el deber de la Policía es contener a los manifestantes y evitar agresiones, sin embargo, los registros exhiben cómo determinados grupos operan con impunidad mientras otros son reprimidos”, observa UNITAS.

La Policía también impidió el desarrollo de la protesta pacífica en casos concretos. Uno de ellos, cuando dirigentes del Comité Cívico Potosinista arribaron a la ciudad de La Paz para demandar una ley del litio y mayor transparencia en los contratos con empresas internacionales que explorarán este recurso. Ante su intento de instalar una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa por esta causa, la Policía arrastró por la fuerza a la presidenta de Comcipo, Roxana Graz, y a otros representantes para retirarlos de esas instalaciones (08/03/23).

Otro acto se suscitó el 23 de marzo de 2023, cuando el activista de la plataforma Otra Bolivia es Posible, Iván Melendres, fue detenido por efectivos de la Policía Boliviana en pleno desfile por el Día del Mar en la ciudad de La Paz, debido a que portaba carteles que recordaban el falló de la Corte Internacional de Justicia sobre una salida al mar.

El pasado martes en la ciudad de La Paz se presentó el Informe de Situación 2023 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, una herramienta que visibiliza el estado de situación de las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia, cuya finalidad es la exigibilidad de derechos.

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