Informe de veeduría ciudadana. Foto: OCD
La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia), conformada por la Fundación Jubileo y UNITAS, identificó debilidades estructurales en transparencia, equidad y apego a la norma durante el proceso de selección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2025–2031, según su Informe Final de Veeduría presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El documento, elaborado en el marco de la Ley 1701, advierte que si bien el proceso mostró avances en organización y acceso parcial a la información, persistieron incumplimientos relevantes que limitaron el control ciudadano y podrían afectar la credibilidad del Órgano Electoral. Entre los principales hallazgos se encuentran la falta de publicación íntegra y homogénea de las hojas de vida de los postulantes, deficiencias en la difusión de impugnaciones y resoluciones, y transmisiones oficiales sin audio en etapas clave.
La veeduría también observó inconsistencias en la aplicación de criterios de evaluación, especialmente en la acreditación del segundo idioma, donde se aceptaron tanto certificados de conocimiento como simples constancias de inscripción a cursos, lo que vulneró el principio de igualdad de trato. A ello se suma la ausencia de un mecanismo de “doble chequeo” o control cruzado en la verificación de requisitos y evaluación de méritos.
Otro punto crítico señalado es la falta de desagregación de puntajes en las categorías de Formación Académica y Experiencia Profesional, lo que impidió verificar si la calificación se realizó conforme a los parámetros establecidos por la ley. Esta situación, según el informe, abrió márgenes de discrecionalidad y debilitó la garantía de idoneidad de los perfiles seleccionados.
En sus conclusiones, la Alianza OCD advierte que varios de estos hechos contravienen disposiciones de la Constitución Política del Estado y de la Ley 1701, particularmente en lo referido a publicidad y transparencia, afectando la percepción de independencia y legitimidad del proceso.
Como recomendaciones, la veeduría plantea asegurar la difusión oportuna e íntegra de toda la información relevante, estandarizar criterios de evaluación, hacer público el tratamiento de recursos de revisión de méritos y fortalecer los mecanismos de control cruzado. Asimismo, sugiere revisar los plazos normativos para garantizar evaluaciones técnicas más rigurosas y reconocer el rol de las veedurías ciudadanas como un componente clave de la garantía democrática.
El informe incluye además una nota sobre documentación recibida de manera informal, atribuida a postulantes a vocales departamentales de Oruro, que daría cuenta de posibles irregularidades en inhabilitaciones, información que la veeduría puso en conocimiento de las autoridades por responsabilidad institucional.
Aquí puede leer el informe completo:
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