Reunión entre representantes del gremio periodístico y legisladores. Foto: UNITAS
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia informó que la Cámara de Diputados admitió la reposición del proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública, reactivando así su tratamiento legislativo tras haber quedado fuera de agenda en la anterior legislatura, pese a contar con aprobación previa del Senado.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, explicó que la solicitud fue impulsada por siete organizaciones representativas del sector periodístico, en articulación con entidades de la sociedad civil, con el objetivo de retomar el trámite de una norma considerada clave para la transparencia.
“Hemos demandado la reposición en la Cámara de Diputados de la Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública que ha sido aprobada por consenso en el Senado (…) y nos han informado que la reposición ya ha sido admitida”, señaló.
La reposición fue derivada a la Comisión de Justicia Plural, instancia que —según Alanes— inició el análisis técnico del proyecto y se comprometió a elaborar el informe correspondiente para su tratamiento en el pleno. La dirigente remarcó que la iniciativa tiene carácter preferente, debido a que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta y sin observaciones.
El proyecto había sido remitido a Diputados tras su aprobación en el Senado en 2024, pero no fue incluido en la agenda legislativa, lo que obligó a su reposición para continuar el trámite. Este paso marca la reactivación de una norma que lleva más de tres años de debate y construcción colectiva.
El impulso actual es respaldado por un bloque amplio del sector: la ANPB, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de Medios Digitales de La Paz, el Círculo de Mujeres Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación Boliviana de Radiodifusión.
A este proceso se suman organizaciones de la sociedad civil como la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), la Fundación Construir, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Comunidad de Derechos Humanos y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que participaron en la elaboración del proyecto junto a instituciones públicas y especialistas.
La propuesta busca garantizar el derecho de acceso a la información pública, reconocido en la Constitución, pero aún sin una ley específica que regule su aplicación. Actualmente, Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que no cuentan con una normativa integral en esta materia..
El proyecto establece principios como la máxima divulgación de la información, plazos definidos para la respuesta de las instituciones públicas —de hasta 15 días hábiles—, mecanismos de impugnación y sanciones para funcionarios que incumplan con la entrega de información.
Además, plantea la creación de una instancia especializada bajo la Defensoría del Pueblo para supervisar el cumplimiento de la norma y atender denuncias por negativa u obstaculización en el acceso a datos públicos.
Para Alanes, la aprobación de esta ley no solo fortalecerá el ejercicio del periodismo, sino que permitirá a la ciudadanía acceder a información estatal de manera efectiva, contribuyendo a la fiscalización del poder público, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema democrático.
No obstante, advirtió que el avance del proyecto dependerá de la voluntad política en la Cámara de Diputados. En ese marco, el sector anunció que iniciará gestiones de incidencia ante distintas fuerzas legislativas para asegurar su aprobación y culminar un proceso que consideran una deuda histórica del Estado boliviano.
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