Yenny Escalante/Sumando Voces
En el día internacional de acceso a la información, que se recuerda este 28 de septiembre, diversos actores, entre ellos los periodistas, recuerdan que Bolivia es el único país de Sudamérica que no tiene una ley de acceso a la información y, por ende, maneja sus asuntos públicos con altos niveles de opacidad. Carecer de esa normativa se traduce en una insuficiente fiscalización de la función pública, falta de respuestas oportunas y claras y, por supuesto, una vulneración a un derecho humano de la ciudadanía.
«El no tener una ley de acceso a la información significa una vulneración esencial porque sin esta ley uno no puede pedir cuentas a sus gobernantes, entonces, se menoscaba, se limita el ejercicio de derechos», refirió la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.
El rubro de los periodistas es uno de los sectores directamente afectados, ya que a pesar de que está vigente el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, el Decreto Supremo 28168/2005, así como el acuerdo internacional de Escazú, las autoridades no brindan una respuesta pronta y eficaz a las peticiones de información que se les realiza.
Madeleyne Aguilar, directora y periodista del medio digital La Nube y miembro de la Red de Medios de Investigación de Bolivia, mediante una carta firmada por cuatro medios, cuenta las trabas que existen para su trabajo. Por ejemplo, indica que solicitó al Ministerio de Salud el Plan de Salud Mental que tienen para esta gestión, con el fin de realizar un reportaje investigativo, la respuesta después de varios intentos fue que debían adjuntar la personería jurídica de cada uno de los firmantes y debían señalar de qué manera utilizarían dicha información.
«Primero me observaron el color del bolígrafo; después no hicieron valer la firma escaneada de otra periodista que tiene su medio en Cochabamba, Amparo Canedo; pero, ni aún así me respondieron la carta. Después, con otra carta dirigida esta vez a Comunicación me respondieron diciendo que adjunte la fotocopia de la personería jurídica (…) Me han puesto un montón de trabas para finalmente no responderme», relata Aguilar.
El periodista especializado en investigación del periódico Los Tiempos, Sergio Mendoza, cuenta que para obtener la información muchas veces tiene que hacer peripecias. Incluso, le tocó pagar a instituciones públicas altos montos de dinero para obtener una data, por ejemplo, los mapas de la minería en el norte paceño que los otorga la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
«Es difícil acceder a la información en Bolivia pese a que hay un decreto y también lo garantiza la CPE, las instituciones no cumplen, te niegan el acceso a la información o simplemente no te la facilitan, se tardan mucho en responder o nunca te responden (…) los mismos informes son muy escuetos, no está la información estructurada y están orientadas a lo que quiere mostrar el Gobierno, por ejemplo, en el tema de reservas internacionales netas, no hay la información desde hace varios meses, la información que se saca es sumamente parcializada y se inclina a más propaganda del Gobierno. Las bases de datos son de difícil acceso, no se pueden hacer descargas frecuentes, rápidas o masivas», dijo Mendoza.
En otros países, la información está actualizada y plasmada de forma libre en las páginas web de las instituciones públicas para cualquier ciudadano que lo requiera, no obstante, en Bolivia, estas plataformas digitales en su mayoría están «descuidadas».
El periodista tarijeño de la plataforma Acceso Investigativo, Daniel Rivera, hizo referencia al Sicoes, donde se deben cargar todos los procesos de contratación del Estado. Indicó lo poco amigable que es el sistema para buscar información, puesto que es poco entendible para cualquier persona y que incluso pone trabas para quien recaba datos.
«En mi experiencia, el Sicoes, no es amigable, y cada vez es más restringido acceder a la información (…) el sistema es muy moroso y a cualquier persona le cansa, esa información debería estar a primera vista, por ejemplo, (datos de) la empresa, el monto (de adjudicación), los competidores, el número de NIT de la empresa, eso podría resumirse en una tabla. Quien hace investigación se pasa muchas horas en el Sicoes y el mismo sistema te bloquea, entonces uno tiene que cambiar de navegador o volver dentro de unas horas. Esto tiene que ver con el tema de transparencia, la información podría estar mucho más exquisita sin tanta burocracia, sin tanto trámite. Los gobierno tienen algo qué ocultar», contó.
No obstante, indicó que los periodistas deben ver maneras para obtener información, aunque ésta requiera más tiempo y el proceso sea más burocrático. Se pueden enviar cartas formales y, en caso de una omisión de respuesta, se puede acudir a la Defensoría del Pueblo para hacer prevalecer el derecho a la información. En el caso de Tarija, existe una ley departamental que respalda este derecho.
Los periodistas consideran que se retrasa la información o no se la brinda para evitar plasmar los datos reales del trabajo y la gestión de gobierno, porque pondrían en evidencia su ineficiencia o ciertos manejos irregulares de los recursos públicos; pero, por otro lado, es porque los funcionarios no conocen de la existencia de la normativa internacional, nacional o departamental en algunos casos, respecto a esta temática.
En ese sentido, la directora de la ANPB, Zulema Alanes, recuerda que hace 10 años la ANPB formuló un proyecto de ley, pero no fue considerado por la Asamblea Legislativa, ya «que tienen una agenda diferente a la que tienen las organizaciones de prensa y los periodistas».
En la actualidad, está en trámite un proyecto de ley de acceso a la información encabezado por la senadora Silvia Salame, para lo cual, la Comisión de Constitución convocó a entidades de la sociedad civil, entre ellas a la ANPB, para hacer una revisión del mismo. «Nosotros consideramos que cualquier camino es bueno para garantizar ese derecho», dijo Alanes. Acordaron que se reunirán la primera quincena de octubre toda vez que hay varias observaciones. La periodista fue clara al señalar que es seguro que al menos este año Bolivia seguirá sin una ley de acceso a la información.
Por otro lado, diversas organizaciones de la sociedad civil trabajan en una propuesta que está en la etapa final y que próximamente será presentada ante las instancias correspondientes.
«Bolivia es el único país en la región (Sudamérica) que no tiene Ley de Acceso a la Información, esto preocupa no sólo a los periodistas sino a las organizaciones de la sociedad civil que hace más de una década vienen demandando esta ley. No sólo afecta el trabajo de los periodistas sino se vulnera un derecho ciudadano clave en democracia, entonces, es obvio que, en la lógica del poder que no le interesa transparentar su gestión, una ley de acceso a la información no está en agenda», concluyó Alanes
DATOS
El artículo 21 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente”.
El Decreto Supremo 28168/2005 señala que “se garantiza el acceso a la información como derecho fundamental de toda persona”, el acceso es en realidad ficticio.
El acuerdo de Escazú tiene por objetivo garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
