Imagen principal: draga en el río Madre de Dios. Foto: Cejis.
La falta de controles en las operaciones mineras en los ríos amazónicos permite, según el defensor ambiental Marco Antonio Fernández, que algunos operadores utilicen más maquinaria de la autorizada, generen mayor contaminación y extraigan más oro del que declaran.
Fernández, integrante de la comunidad campesina Puerto Hamburgo del municipio de Riberalta, Beni, y defensor ambiental del norte amazónico, afirmó que algunos operadores obtienen licencias para trabajar con una draga, pero posteriormente llegan a operar con hasta cinco. “Aparentemente ellos hacen mecanismos para funcionar legalmente. Sin embargo, un operador o una persona que saca una licencia ambiental tiene solo permiso para, por ejemplo, una draga y cuando ya vienen con esa hoja de permiso del mismo Gobierno, acá ellos operan con cinco dragas”, denunció a Sumando Voces.
Según el defensor, esta diferencia entre lo autorizado y las operaciones que se realizan en los ríos dificulta conocer cuánto oro se extrae realmente y cuánto impacto ambiental genera la actividad. “Tienen el permiso” pero “están contaminando y extrayendo el oro más de lo que ellos declaran”, sostuvo.
El impacto alcanza a las comunidades que dependen de los ríos amazónicos. En Riberalta viven aproximadamente 110.000 personas, mientras que en Puerto Hamburgo, la comunidad de Fernández, hay unas 22 familias, alrededor de 100 habitantes.
Fernández señaló que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es la entidad que debería realizar los controles. Sin embargo, explicó que las limitaciones logísticas de la institución dificultan las inspecciones en territorio.
Según el defensor, la AJAM es la entidad encargada de fiscalizar la actividad minera, pero las limitaciones logísticas dificultan los controles en territorio. Esta situación, sostuvo, es aprovechada por algunos operadores para ampliar sus áreas de explotación y trabajar fuera de los espacios autorizados. La consecuencia, explicó, es una mayor presión sobre los ríos por el derrame de mercurio, combustible y otros residuos generados durante las operaciones.
El defensor afirmó que la contaminación de los cuerpos de agua representa una preocupación para las comunidades indígenas, campesinas y la población en general, debido al consumo de pescado proveniente de los ríos. “Tenemos la contaminación de nuestros ríos amazónicos, lo cual vemos comunidades indígenas, campesinas y la misma ciudadanía que ya está afectando esto por el problema de consumir el mercurio a través de los pescados”, señaló.
Fernández también rechazó la idea de que quienes cuestionan los impactos de la minería estén en contra del desarrollo. Aseguró que las comunidades no buscan eliminar esta actividad, sino que se cumplan medidas que reduzcan la contaminación. “Se podría hacer una minería más sustentable, que no haya contaminación, que operen con medidas de seguridad de no derramar mercurio, combustible y sus desechos”, sostuvo.
A su juicio, el problema también está relacionado con la distribución de los beneficios económicos. Señaló que los trabajadores locales participan como mano de obra, mientras que quienes aportan el capital concentran las mayores ganancias, sin que la actividad genere suficientes beneficios para los territorios amazónicos.
El defensor cuestionó que las políticas de los distintos gobiernos terminen favoreciendo la expansión de actividades extractivas sobre la protección de los bosques. “Van haciendo permisibles las normativas para que la minería avance, para que la ganadería avance, para que la agroindustria en gran escala avance y, sin embargo, se reduzcan los bosques primarios”, afirmó.
Para Fernández, la defensa de la Amazonía no significa impedir las actividades económicas, sino garantizar que estas se desarrollen sin comprometer los ríos, los bosques y las condiciones de vida de las comunidades que habitan el territorio.
