Foto composición: Sumando Voces
Más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos, representantes de organizaciones sociales, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y otros actores, mediante una carta, piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizar transparencia y participación pública en la revisión de los contratos de explotación del litio firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con consorcios internacionales, ya que son trascendentales para la economía, el medio ambiente y las comunidades.
«Estos contratos podrían tener profundas implicaciones económicas, sociales y ambientales, incluyendo riesgos para los ecosistemas, la disponibilidad de agua y los derechos ambientales de las comunidades locales», refiere la carta firmada por 21 organizaciones e instituciones que fue entregada a la Cámara de Diputados bajo la referencia: Solicitud de tratamiento público y participativo de los Proyectos de ley (…) sobre contratos relacionados con el litio.
Estos acuerdos, aprobados recientemente por el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, involucran la instalación de plantas de producción en el Salar de Uyuni, un ecosistema estratégico y vital para Bolivia.
Los contratos, que contemplan inversiones millonarias y una duración de 36 años, generan preocupación debido al limitado análisis público y la falta de consulta ciudadana en su tratamiento legislativo, según dicen las organizaciones.
Uno de los contratos, aprobado mediante el Proyecto de Ley N° 170/2024-2025, establece la asociación entre YLB y la empresa rusa Uranium One Group (UOG) para construir una planta de Extracción Directa de Litio con capacidad de 14.000 toneladas anuales. El segundo, bajo el Proyecto de Ley N° 197/2024-2025, prevé la construcción de dos plantas con el consorcio chino CBC, con una capacidad total de 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
«Lamentamos que, hasta ahora, el tratamiento de estos contratos por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo se ha realizado con una preocupante falta de transparencia, lo que ha limitado el acceso público a la información y la deliberación democrática sobre un tema de interés nacional», refiere la misiva.
El docente e investigador del CIDES-UMSA, Manuel Olivera, indica que la aprobación de estos contratos, que definen un modelo de desarrollo a largo plazo sobre un recurso estratégico, no puede llevarse a cabo sin un análisis riguroso que involucre a todas las partes interesadas.
Expertos como Oscar Campanini, del CEDIB, y José Carlos Solón, de la Fundación Solón, subrayan la necesidad de una revisión abierta y participativa, acorde con la Constitución y leyes nacionales que garantizan la soberanía sobre los recursos estratégicos y la consulta a las comunidades.
“Es indispensable que se convoquen reuniones públicas para recoger las observaciones de todos los sectores involucrados”, agrega la carta. Asimismo, recuerdan que Bolivia está comprometida con el Acuerdo de Escazú y otras normativas internacionales que exigen la participación ciudadana en decisiones ambientales.
Las organizaciones que firman, entre las que está la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), el CEDIB, la Fundación Solón, CENDA, CEJIS, Fundación Construir, Fundación Jubileo, el CIDES-UMSA, enfatizan que cualquier decisión sobre el litio debe priorizar el interés colectivo y las futuras generaciones, preservando la riqueza natural del Salar de Uyuni y respetando los derechos de las comunidades afectadas.
Puede leer la carta aquí:
Solicitud-De-Tratamiento-Publico-Y-Participativo-De-Los-Proyectos-De-Ley-1702024-2025-Y-N-1972024-2025-Sobre-ContratosTambién le puede interesar:
