Organizaciones de la sociedad civil con la CIDH, en su más reciente visita de la CIDH a Bolivia. Foto: CIDH
Las organizaciones que forman parte del proceso de Veeduría Ciudadana alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante una carta, que la autoprórroga del mandato aprobada en diciembre por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) impone en Bolivia un “régimen inconstitucional” y un “caos jurídico sin precedentes”. Por ese motivo y por una serie de vulneraciones que se describen en la misiva, le pide interponer sus buenos oficios ante el Estado, para que remedie la crisis judicial y se haga un acuerdo para lograr la reforma del sistema de justicia.
“La Declaración Constitucional 049/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional, por su parte, ha demostrado la carencia de independencia de dicho Órgano, al prorrogar su mandato de manera unilateral, quebrando no sólo la vigencia de la competencia temporal de los jueces y el principio de alternancia, sino imponiendo un régimen inconstitucional basado en su propia voluntad, imponiendo un caos jurídico sin precedentes, que se caracterizará por la inseguridad jurídica, al someter toda disposición que emitan los altos cargos del Órgano de Justicia y los propios magistrados del TCP a nulidad por incompetencia temporal”, indica la carta, que está fechada el 21 de diciembre y que fue firmada por el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, y la directora ejecutiva de la red UNTAS, Susana Eróstegui.
En ese marco, la Alianza, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, solicita a la CIDH, “pueda interponer sus buenos oficios ante las instancias del Estado Plurinacional de Bolivia para remediar la crisis judicial en el país e iniciar, conforme varios organismos internacionales han recomendado un acuerdo por la reforma de la justicia”.
Estas organizaciones de la sociedad civil indican que urge al país una política del Estado que garantice un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y la Constitución.
Los magistrados de las altas cortes de Bolivia -Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura- concluyeron sus gestiones el 2 de enero, pero el TCP dispuso la prórroga de los mandatos hasta que se realicen las elecciones judiciales en Bolivia.
Mediante una cronología de 20 puntos, la carta de la sociedad civil presenta un recuento de las trabas que sufrió el proceso de convocatoria para la preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales, donde se demuestra que muchas de éstas fueron interpuestas por el propio Órgano Judicial y por el oficialismo en la Asamblea Legislativa. El proceso se inició el 8 de marzo de 2023, es decir, hace casi un año, sin que hasta ahora se haya logrado un acuerdo político para las judiciales.
Luego, la Veeduría hace notar que, en el proceso de preselección, que no fue concluido, “se evidenció una tendencia vulneradora de los principios democráticos que rigen en un Estado de Derecho”.
Y, para demostrarlo, recoge cuatro criterios que no fueron respetados durante el proceso: la independencia, la idoneidad, la inclusión y la transparencia y participación. Y justamente como una muestra de falta de independencia expone el caso de la autoprórroga de mandatos.
La carta además expone las vulneraciones a los derechos humanos durante el proceso trunco de preselección de candidatos, las que van en contra de una serie de instrumentos internacionales, entre los que cita la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
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