Sector pesquero exige suspender minería ilegal en ríos amazónicos y frenar la contaminación con mercurio

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El sector pesquero se pronunció contra la minería ilegal. foto: Cortesía del sector

El sector pesquero del río Beni, conformado por 11 asociaciones de pescadores y comerciantes de pescado de los municipios de Rurrenabaque, San Buenaventura y comunidades indígenas de la zona, exigen la paralización de la minería ilegal en los ríos amazónicos y frenar la contaminación con mercurio en las cabeceras de los ríos.

La exigencia emerge del primer encuentro de pescadores del río Beni, que se realizó este viernes y sábado en la Alcaldía de Rurrenabaque.

Entre sus demandas figura “suspender toda actividad minera que se realiza de manera ilegal en los ríos Beni, Tuichi, Quiquibey, Quendeque, Kaka y todos aquellos donde exista esta actividad ilegal de acuerdo con lo establecido mediante la resolución de acción popular N° 05/2023, además de los ríos Tequeje Tarene, Enapurera y Undumo”.

También exigen que “las actividades mineras auríferas que se realicen en las cabeceras de la cuenca del río Beni (Mapiri, Tipuani, Guanay, Kaka y La Paz) tengan la regulación necesaria para evitar la contaminación por mercurio en la cuenca baja”.

Los firmantes, además, piden “paralizar nuevas concesiones mineras que puedan afectar la actividad de la pesca”.

Los pueblos indígenas afectados que también forman parte de esta exigencia son el Pueblo Tacana y el pueblo Esse Eja que, según diversos estudios, presentan altos niveles de mercurio en sus cuerpos, lo que representanta un grave riesgo para su salud.

Los presentes expresaron su preocupación por “los efectos que tienen estas actividades sobre la pesca y el daño que está causando tanto a las poblaciones ribereñas como a la reputación de nuestro sector pesquero”.

En ese marco, reivindican su derecho a la pesca y la importancia del sector para la seguridad alimentaria por lo que piden implementar un sistema de monitoreo de la contaminación por mercurio en la carne de pescado.

Finalmente, exigen el cumplimiento de la acción popular que concede la tutela a la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP) para precautelar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, la salud, el medio ambiente y contra la minería ilegal.

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