Defensor del Pueblo presenta su informe sobre conflictividad. Foto: Defensoría del Pueblo
En los primeros tres meses de este 2025 se registraron 201 conflictos en Bolivia, prácticamente el doble de los reportados el 2024, cuando el total no sobrepasó los 103. La información se basa en el reporte de conflictividad de la Defensoría del Pueblo, institución que señaló que los conflictos de K’ara K’ara y Tipuani son los de mayor afectación a los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que entre las cifras que presenta el reporte del primer trimestre 2025, se identifican 13 vulneraciones de los derechos humanos, de las cuales, los derechos en temas económicos fueron afectados con mayor recurrencia, llegando a 82.
En materia medioambiental, el reporte de la Defensoría del Pueblo identifica dos conflictos considerados «estratégicos» durante 2025. El primero fue el bloqueo al relleno sanitario de K’ara K’ara, en Cochabamba, que se extendió por 15 días y provocó graves afectaciones, como el colapso del área de residuos infecciosos en el hospital Germán Urquidi, hecho constatado por una verificación defensorial a los 11 días de iniciada la medida de presión.
El segundo conflicto de relevancia se registró en el municipio de Tipuani, La Paz, donde las constantes lluvias y la actividad minera provocaron desastres naturales. Frente a esta situación, entre el 27 y 29 de enero de 2025, la Defensoría impulsó una inspección interinstitucional in situ, con el objetivo de que las instituciones competentes ejecuten acciones de emergencia y proyecten soluciones a mediano y largo plazo.
El informe también revela que, de los 201 conflictos documentados, las medidas de presión más utilizadas fueron el estado de emergencia (51 casos), el bloqueo de caminos (43) y las marchas (36). Asimismo, se evidencia que la mayoría de los conflictos se concentró en el eje central del país: La Paz reportó 74 casos, seguido de Santa Cruz con 44 y Cochabamba con 25.
Frente a esta situación, Callisaya expresó su preocupación: “No podemos aportar a desinstitucionalizar más el Estado, porque las salidas no se van a canalizar a través de nuestro ordenamiento jurídico, y esa es la preocupación grande que se tiene”, declaró a Erbol el Defensor del Pueblo, durante el programa Hagamos Democracia.
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