Comunarios defensores de Tariquía. Foto: Facebook Tariquía Hoy
La Alianza Defensores/as de Derechos Humanos de Tarija, mediante un pronunciamiento, condenaron enérgicamente el proceso penal iniciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra defensores ambientales del cantón Chiquiacá. Los denunciados enfrentan cargos de atentado contra la libertad de trabajo e impedimento del ejercicio de funciones, en un contexto de creciente tensión por la defensa de la Reserva Nacional de Tariquía.
Según las organizaciones, estas denuncias constituyen una respuesta represiva a los esfuerzos de las comunidades por proteger un área de recarga hídrica vital para Tarija. La reserva, que es esencial para la vida y la salud de la región, se encuentra bajo amenaza constante por las actividades de explotación petrolera. Los defensores denuncian que YPFB y el Estado boliviano han vulnerado de manera reiterada los derechos de las comunidades, ignorando su derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, así como su autodeterminación para proteger su territorio, identidad y medio ambiente.
La Alianza y los Defensores de Tariquía subrayan que el proceso penal desconoce el papel fundamental de los defensores ambientales, un derecho consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia. Este acuerdo internacional obliga a los Estados a proteger a quienes defienden los derechos ambientales y evitar su criminalización.
Las organizaciones exigen que el proceso sea archivado, ya que vulnera los derechos fundamentales de los defensores y se aleja de una solución justa al conflicto. “Defender el medio ambiente y los derechos de las comunidades, reconocidos por la Constitución Política del Estado, no es un delito ni implica dolo”, señalaron en su declaración, destacando que la persecución penal es un mal uso de los recursos del Estado y que el conflicto debe resolverse con base en el respeto a los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y el diálogo.
Las demandas también incluyen garantías de seguridad para los defensores ambientales, la detención de cualquier intento de invasión en la reserva, y la transparencia por parte del Estado en la gestión de este conflicto. «Respeten la voluntad de los comunarios, protejan sus territorios y detengan cualquier intento de invasión en la reserva», concluyen, pidiendo un alto a la criminalización de quienes defienden el medio ambiente.
A continuación puede ver el pronunciamiento:
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