Conferencia de prensa de las organizaciones que conforman la Veeduría. Sandra Mamani de UNITAS, Zulema Alanes de la ANPB y Sandra Verduguez de Jubileo (De izquierda a derecha). Foto: Sumando Voces.
Las más de 20 organizaciones que se han aliado para emprender una Campaña y Veeduría para garantizar el derecho al agua emprenderán su trabajo sobre la base de tres acciones: identificar las competencias de los diferentes niveles del Estado, conocer los planes ejecutados para el resguardo y cuidado del agua y, por último, identificar los compromisos asumidos desde 2016 para reaccionar a este tipo de emergencias.
De manera pública, las organizaciones aliadas dieron a conocer este jueves que es necesario identificar cuáles son las responsabilidades y competencias de los niveles de gobierno central, departamental y municipal para cuidar y resguardar el agua.
“Este es uno de los primeros pasos de la Veeduría para identificar cuáles son las competencias de manera precisa, pero también identificar cómo se han articulado estos diferentes niveles del Estado para actuar”, precisó Sandra Mamani, responsable de Comunicación de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
El segundo eje de trabajo de la Veeduría tiene que ver con los planes que el Estado ejecutó para resguardar y garantizar el agua para la población. Sandra Verduguez, responsable de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo, precisó que es menester saber cómo se han gestionado los préstamos asumidos por el Estado para el cuidado del agua.
El tercer punto tiene que ver con los compromisos. En 2016, la sede de Gobierno afrontó una crisis del agua producto de una de las peores sequías provocadas por el fenómeno del niño. En ese año, recordaron, las autoridades asumieron compromisos para evitar que esta situación se replique. Ahora se busca hacer seguimiento a estas promesas.
“Hoy, en 2023, estamos en una situación aún más crítica que en 2016. Queremos revisar qué se ha hecho con los créditos otorgados, son más de 15 créditos de más de mil millones de dólares. Queremos saber, como ciudadanía, qué se ha hecho con ese dinero y saber si las autoridades están comprometidas con el tema”, mencionó Verduguez.
Acceso a la información
Como parte de las organizaciones aliadas, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, representada por Zulema Alanes, enfatizó que a la alianza se suman varios medios de comunicación, como parte de la necesidad de mantener informada a la población sobre este tema, no obstante, hizo notar que desde las autoridades no hay un acceso real a la información oficial sobre esta crisis.
Verduguez agregó que no es suficiente que las instituciones públicas brinden conferencias de prensa para referirse al estado o nivel de agua en las represas.
“Nos preocupa el silencio de algunas autoridades que deben transparentar la información ante la ciudadanía. Una primera pista es justamente saber cómo se han invertido los mil millones de dólares que estaban destinados a diferentes proyectos para garantizar la sostenibilidad de agua en el país”, observó Alanes.
Las más de 20 organizaciones aliadas en esta Campaña y Veeduría son la Fundación Jubileo, la OCD Bolivia, UNITAS, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Brújula Digital, Agencia de Noticias Fides, la Red ERBOL, Pío XXII, CERDET, la REPAM, la Red de Líderes de la Democracia RELIDD, el proyecto Voces del Chaco, LIDEMA, la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático PBACC, la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, la Sociedad Científica de Ingeniería Química de la UMSA, la Unión de Periodistas Ambientales, el medio digital La Nube, el Instituto de Hidrología e Hidráulica de la UMSA, el Movimiento Agroecológico de Bolivia – MAB, Instituto de Investigación y Capacitación Campesina – IICCA, Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas – SEMTA y los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y Achocalla.
