Editorial Sumando Voces
La muerte de Francisco Marupa, un indígena del Pueblo Leco que fue violentamente asesinado en la comunidad de Torewa, ha visibilizado el contexto de violencia en el que viven las comunidades originarias en territorios donde se disputa el control de la tierra, la minería ilegal, la caza, entre otras actividades ilegales.
Si bien el Gobierno prácticamente ha cerrado el caso con la detención de otro indígena de la zona indicando que los móviles del crimen fueron personales, los pedidos para encarar una investigación más profunda y sobre todo neutral no se han dejado esperar desde la sociedad civil.
Más allá del curso que tome el caso en los estrados judiciales, hasta ahora ha permitido conocer que el Pueblo Leco ha sido víctima de acoso, hostigamiento y amedrentamiento por parte de traficantes de la tierra, mineros auríferos y cazadores ilegales, al punto que varias casas fueron quemadas.
También se ha conocido que, en el afán de buscar la aprobación de los proyectos hidroeléctricos El Bala y Chepete (ahora congelados), ha sido creada hace más de 10 años una segunda comunidad denominada Torewa, lo que ha provocado esta situación de tensión en la zona.
Hay que recordar que el Pueblo Leco está asentado en el Parque Nacional Madidi, que sus integrantes son defensores de la naturaleza, como lo fue Francisco Marupa, constituyéndose en un factor de contención al avance de la minería y la deforestación.
De hecho, el Pueblo Leco y otros pueblos indígenas se han convertido en piedras en el zapato de los poderes corporativos que buscan ampliar sus actividades económicas ilegales, a costa de la sobrevivencia, la paz y el alimento de las comunidades locales.
En ese marco, sería importante que las autoridades aborden el tema en su integralidad y no únicamente desde la perspectiva de un crimen por “problemas personales”. Eso implica volver a los orígenes del proceso constituyente y darle a los pueblos indígenas el estatus que la propia Constitución les reconoce, como sujetos de derechos y como artífices de su propio destino.
No sólo se trata de cumplir las leyes, sino también de hacer lo correcto. La naturaleza requiere cuidado y protección y, según estudios científicos, quienes más cuidan y menos depredan el medio ambiente son los pueblos originarios.
A ello se suman los informes internacionales que recomiendan al Estado la protección de los pueblos indígenas, como el informe de la visita in loco de la CIDH a Bolivia en 2023, que instó a «tomar medidas de protección frente a acciones de terceros que afectan tierras de los pueblos indígenas, frente a los casos de avasallamiento y despojo que amenazan su existencia». Esto incluye la necesidad de prevenir y sancionar actos de violencia contra líderes indígenas.
Es tiempo de frenar la violencia y la presión sobre los pueblos indígenas y dar paso a un modelo de desarrollo que respete su forma de vida porque, de esa manera, se preserva el medio ambiente para todos y todas.
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