EDITORIAL SUMANDO VOCES
El poderío económico nacional e internacional que busca el control del litio y de la tierra en Bolivia ha encontrado importantes aliados en la Asamblea Legislativa, donde se debate estos días dos contratos para la explotación del litio del Salar de Uyuni y un proyecto de Ley para dejar en suspenso la verificación de la Función Económico Social (FES) de la tierra.
Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Según el análisis realizado por instituciones de la sociedad civil en el primer caso estamos hablando de contratos que, más que beneficiar al Estado boliviano, dejan grandes réditos para empresas transnacionales de origen chino y ruso. Y, en el segundo caso, se trata de un proyecto de Ley que busca beneficiar a la agroindustria del oriente boliviano y a los campesinos interculturales que detentan un poder económico y político emergente.
Otra de las coincidencias de ambos temas es que pasan por alto el cuidado del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. En el caso del litio, se ha puesto en cuestión el uso desmedido del agua dulce y en el asunto de la tierra, se busca dejar en la impunidad a los causantes de los incendios forestales y evitar la reversión de tierras en caso de incumplimiento de la FES.
Los contratos del litio están impulsados por la bancada oficialista, de hecho fueron aprobados en comisión por seis diputados del MAS, además de dos diputados opositores, uno de Creemos y otro de Comunidad Ciudadana (CC). Entre tanto, el proyecto de ley sobre la FES es impulsado por senadores de Creemos y de CC, aunque hay que recordar que los interculturales, beneficiarios de la norma, militan en el MAS.
Según diversas instituciones de la sociedad civil, los contratos con la china CBC y la rusa Uranium One Group para la explotación del litio dejan más ganancias para las empresas privadas que para el Estado, particularmente en el caso del consorcio chino, porque Bolivia se compromete a devolver los gastos de inversión, además de otros beneficios.
“Los contratos para la explotación de litio son de alto riesgo para el Estado, con baja rentabilidad y pocos ingresos para el país, con elevados costos de producción y favorables para las empresas de China y Rusia”, señalaron cinco instituciones en un pronunciamiento conjunto.
Entre tanto, La Fundación Tierra y el CEJIS, por separado, alertaron que el proyecto que pone en suspenso la FES es inconstitucional y que busca la impunidad de los autores de los incendios, por lo que rechazaron su introducción en la agenda política del país.
Como podemos ver, esta confluencia de intereses económicos y políticos ha generado el rechazo de la sociedad civil porque, una vez más, se menoscaba el interés nacional, el bienestar de los pueblos indígenas y la preservación de la naturaleza.
Estos debates, que coinciden con el agotamiento del modelo de desarrollo extractivista, se producen a pocos meses del mayor desastre ambiental en Bolivia, que consistió en la pérdida de unas 14 millones de hectáreas producto de los incendios, lo que ha elevado la cantidad de vulneraciones a los derechos ambientales al doble en el último año, según el Observatorio de Escazú en Bolivia. Y también coinciden con las riadas, que causan estragos en poblaciones del norte del país, producto de la acción irresponsable de los cooperativistas auríferos, que igualmente ganan mucho y dejan poco para el país.
La responsabilidad recae en los partidos políticos y en los/las legisladores, quienes tienen el desafío de pensar en el país y en el bienestar económico y social de la población, tomando en cuenta la opinión de la sociedad civil, que exige transparencia en la información, como un principio básico de la sociedad democrática.
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