Periodistas y policías retenidos por bloqueadores en Mairana. Foto: DTV
Tres periodistas fueron brutalmente agredidos en la población de Mairana, ubicada en la carretera antigua Cochabamba – Santa Cruz, por un grupo de pobladores que bloquea la vía y que, no conformes con la violencia física, retuvieron como rehenes y quemaron los equipos de estos reporteros.
Dos de los agredidos son el periodista Rómer Castedo y su camarógrafo Ricardo Pedraza, ambos de la Red Uno, que fueron atacados mientras cubrían los intentos de la Policía por despejar la carretera, bloqueada por sectores afines al expresidente Evo Morales desde hace 16 días.
“La Policía fue rebasada. Logró controlar el bloqueo, pero el pueblo salió y fueron rebasados. Salieron de otro lugar y fueron emboscados, nosotros nos quedamos con los policías en un domicilio y ahí tiraban piedras y cachorros de dinamita y las piedras iban a la humanidad de unos y otros”, relató Castedo a DTV.
“Nos decían prensa vendida, hay que quemarlos”, narró el periodista y dijo que su camarógrafo igualmente fue agredido por la turba de personas que impidieron su trabajo y la filmación de las agresiones que sufrían. No sólo los agredieron física y psicológicamente, sino que también quemaron sus equipos de filmación y su indumentaria de protección.
“Me pegaron con palos y piedras, estoy con heridas en la oreja, ellos decían ‘¿qué hacen aquí? Esto se ganaron por venir hasta acá’. Nos querían quemar. ‘Préndales fuego’. Nosotros decimos que no tenemos la culpa y nos quitaron la cámara. Me patearon en el suelo la cabeza y la espalda”, relató, por su lado, el camarógrafo de la red Uno.
Imágenes que circulan en las redes sociales muestran cómo estos periodistas se encontraban retenidos junto a más de una decena de policías, que también sufrieron las agresiones de los bloqueadores y fueron impedidos de salir del lugar por la turba que los hostigaba. Según Castedo, estuvieron cuatro horas retenidos por los pobladores.
El tercer periodista en ser agredido fue Josué Chubé, un reportero de Vallegrande, que, según reporte de El Deber, fue atacado y despojado de sus pertenencias y equipo de trabajo mientras cubría el operativo policial, aunque, precisa el reporte, éste no quedó retenido.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, la situación de agresión a la prensa, con motivo de los bloqueos ordenados por Evo Morales, se está volviendo “incontrolable”.
“Demandamos garantías al gobierno, protección para el trabajo de los periodistas y denunciamos a los bloqueadores de estar actuando bajo consigna y amenazar la integridad de los periodistas”, denunció Alanes en conferencia de prensa desde la plaza Murillo de la ciudad de La Paz.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, deploró este accionar de los manifestantes y calificó el hecho como un “acto delincuencial”. “Queremos condenar esta violencia, ya no hablamos de una protesta o derecho de movilización, estamos hablando de actos delincuenciales que no se pueden tolerar”, expresó y mencionó que el Ministerio de Gobierno está analizando acciones para “garantizar la seguridad de los bolivianos”.
Los bloqueos que se instalaron en diferentes puntos del país, principalmente en Cochabamba, tienen como origen el proceso iniciado en contra de Morales por los delitos de trata y tráfico de personas y estupro, por el supuesto embarazo de una menor de edad cuando era presidente del país.
Se han contabilizado múltiples agresiones a la prensa con motivo de este conflicto. En Parotani, Cochabamba, el domingo 20 de octubre, la periodista Fabiola Chambi y su camarógrafo, ambos del medio internacional Voz de América, fueron insultados, rodeados y amedrentados por los bloqueadores.
A través de diferentes comunicados, la ANPB denunció estos hechos que afectan el trabajo de la prensa y que tienen que ver, también, con la falta de resguardo y seguridad a los periodistas. Denunció que el 22 de octubre, en un punto de bloqueo próximo a Bulo Bulo, en Cochabamba, un grupo de bloqueadores armados amenazó a los periodistas y los obligaron a tirarse al suelo.
En Parotani, además, se han generado una serie de amenazas al trabajo de la prensa. Según la ANPB, los seguidores de Morales atacan a periodistas de diferentes medios de comunicación con agresiones verbales en los que invocan a “quitarles sus cámaras y quemarlos vivos”.
Análisis del Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de UNITAS
Los actos de violencia contra periodistas tienen tres efectos: 1) vulneran el derecho de las víctimas a expresar sus ideas y difundir información, 2) generan un efecto intimidatorio y de silenciamiento en sus colegas, y 3) afectan el derecho de las personas y la sociedad a recibir información libremente. Además, cuando no se investiga, persigue o sanciona a los responsables, se suma una violación al derecho de acceso a la justicia y a las garantías judiciales.
Las agresiones físicas, secuestros, amenazas de muerte, destrucción de equipos y detenciones ilegales que sufren periodistas redundan en autocensura, el cierre de medios o el abandono de la profesión. Las amenazas de muerte, en particular, son señales de posibles agresiones más graves, como el asesinato, lo que hace indispensable que los Estados actúen con diligencia en su prevención y sanción.
La Corte Interamericana ha determinado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”[1]
El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales, observaron que “en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”.
En consecuencia, los Estados tienen el deber de garantizar que periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de manifestaciones públicas y situaciones de alta conflictividad social no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. En este sentido, en la Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales se indica que: La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías afectadas y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión[2]
La Corte IDH ha subrayado la obligación de los Estados de proteger el derecho a la vida y la libertad de expresión, lo cual implica adoptar medidas efectivas para prevenir violaciones, investigar los hechos, sancionar a los responsables y asegurar una adecuada reparación a las víctimas.
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