Por Civicus
CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Perú con Rafael Barrio de Mendoza, investigador sobre procesos de transformación territorial del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de diez organizaciones de la sociedad civil con presencia en 16 regiones del Perú. Propuesta Ciudadana busca contribuir a la formulación de propuestas de política para un Estado inclusivo y la adecuada gestión de los recursos públicos. Promueve una visión de la gobernanza territorial que parte de la identificación y el respeto de las diversidades y se centra en el desarrollo democrático.
¿Cuál fue la causa desencadenante de las protestas que estallaron en Perú en noviembre de 2020?
La causa inmediata fue la decisión de una mayoría parlamentaria de vacar al presidente Martín Vizcarra, empleando un mecanismo escasamente utilizado en el pasado y cuyo contenido y proceso tiene un amplio margen de discrecionalidad. La publicación de las acusaciones contra Vizcarra fue dándose en una secuencia que se revela planificada, y predominó la sensación de su instrumentalización por parte de la llamada “coalición vacadora”. Si bien hay un espacio de controversia sobre la calidad de los indicios de los delitos que se le imputan a Vizcarra, presuntamente cometidos durante su mandato de gobernador de la región de Moquegua, hace cinco años, existía un consenso en la opinión pública de que dichas acusaciones podrían haberse perseguido creíblemente al terminar su mandato presidencial, en particular dado que las elecciones generales ya estaban convocadas para abril de 2021.
Pero desde un punto de vista más estructural, la crisis política fue la expresión de la maduración de una crisis de representación política, con vínculos poco orgánicos entre la oferta política y las sensibilidades ciudadanas y un sistema precarizado y cartelizado de representación política, en el cual una miríada de intereses ilegales, informales y oligopólicos han resistido sucesivas generaciones de reformas – educativa, judicial, fiscal y política, entre otras – que pretenden regularlos. Las revelaciones de casos de corrupción que involucraban a gran parte del elenco político, como el caso Lava Jato/Odebrecht y el de los Cuellos Blancos, que destapó una extendida red de corrupción en el sistema judicial, sirvieron para instalar el consenso de un deterioro general del manejo de lo público. A la vez, la relativa eficacia de las medidas fiscales en contra de los líderes políticos involucrados alimentó la perspectiva de una limpieza de la clase política y la posibilidad de cultivar una transición hacia un mejor sistema de representación. En cierta medida, el vínculo populista que estableció Vizcarra con esa sensibilidad – sellado con la disolución constitucional del anterior Congreso, en el cual el partido del expresidente Alberto Fujimori contaba con la mayoría – fue el factor que sostuvo su gobierno, carente de apoyos parlamentarios, empresariales, mediáticos o sindicales. La vacancia de Vizcarra se experimentó como la restitución de la constelación de intereses que hasta entonces había retrocedido con la labor fiscal y las reformas educativa, política y judicial.
¿Cómo describirías el conflicto institucional que resultó en la destitución y el reemplazo del presidente?
El conflicto institucional se gestó en la precariedad de un sistema político caracterizado por un nuevo Congreso con múltiples bancadas pero ninguna de ellas oficialista y un presidente popular pero sin apoyos institucionales, cuya legitimidad se sostenía en el manejo versátil del debate público a través de una combinación de gestos políticos, el reclutamiento de técnicos competentes en puestos clave, y un ejercicio calculado de antagonización con el Congreso en temas clave, tales como las reformas educativa, política y judicial.
La coalición mayoritaria en el Congreso retomó, a grandes rasgos, la agenda de intereses de la anterior mayoría “fujiaprista” – así designada por la alianza tácita entre el Partido Aprista y la corriente política fundada por el expresidente Fujimori – a la que añadió nuevas demandas populistas que ponían en riesgo el manejo presupuestal y macroeconómico en torno del cual existía un consenso tecnocrático. En este marco, actores que sobrevivieron a la disolución del anterior Congreso lograron recolocarse en el nuevo y operar, junto a algunos medios de comunicación, una campaña que buscaba deteriorar la popularidad de Vizcarra mediante el levantamiento de acusaciones de corrupción en casos poco claros. Estas fueron las dinámicas que nutrieron el conflicto institucional.
Por su lado, la sociedad civil tuvo una respuesta unificada ante la vacancia y el nuevo régimen que se instaló. Su respuesta se movió desde la expresión de preocupación y el reclamo de toma de responsabilidad hasta la abierta condena ante el establecimiento de la nueva gestión. Las protestas masivas y la represión con que fueron enfrentadas alimentaron esa transición en la mayoría de la sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel activo en el enmarcamiento del conflicto, la producción de una narrativa para audiencias internacionales y la colocación de presión sobre los actores públicos con que interactúan.
¿Quiénes se movilizaron, y qué reclamaban?
En un comienzo, los manifestantes protestaban contra la vacancia del presidente Vizcarra y contra la asunción del presidente del Congreso, Manuel Merino, como nuevo presidente. Una encuesta realizada posteriormente por Ipsos mostró que poco más de tres cuartos de la población estaba de acuerdo con la protesta contra la remoción del presidente Vizcarra, y que al menos dos millones de personas se movilizaron de una u otra forma o tomaron parte activa en las protestas.
Las manifestaciones fueron mayormente protagonizadas por jóvenes de entre 16 y 30 años, quienes vertebraron la organización y generaron los repertorios y tácticas de protesta. El estado de ánimo de hartazgo generalizado fue movilizado por la llamada “generación del bicentenario”, nacida después del fin del fujimorismo, nativa digital y, en su mayoría, desafecta de la política convencional. Se trata también de una generación mesocrática -tanto en los segmentos tradicionales de la clase media y en los sectores populares- y partícipe de comunidades virtuales mediadas por las plataformas digitales. Eso explica en parte la velocidad de la emergencia de arquitecturas de organización bastante eficientes para producir repertorios, coordinar acciones, documentar las protestas y generar movimientos de opinión pública. La mediación de las redes sociales y el uso de aplicaciones de microtransferencias monetarias propiciaron una organización descentralizada de la protesta, con múltiples manifestaciones en distintas locaciones, distintas convocatorias convergentes, diversidad de repertorios y canales de transferencia rápida de recursos.
La movilización liderada por los jóvenes se nutrió de una clase media dispuesta a asumir el costo de manifestarse. Alrededor de este núcleo se articularon sociológica y territorialmente otros sectores de la población, más o menos acostumbrados a estrategias convencionales de protesta, o simplemente alejados de toda expresión pública.
Las protestas comenzaron el 9 de noviembre, se sucedieron día a día y alcanzaron su punto álgido el 14 de noviembre, fecha de la Segunda Marcha Nacional. La movilización masiva del llamado 14N se alimentó de la súbita expresión de un hartazgo que atravesaba de lado a lado a la sociedad y que era particularmente intenso entre los jóvenes. De ahí su carácter excepcional por su alcance, magnitud y organización, así como por la rápida instalación de una identidad ciudadana no partidarizada, que solo en parte puede explicarse por el apoyo a Vizcarra, ya que lo excedía.
El 14N culminó con la muerte de dos jóvenes manifestantes por perdigones de plomo. Merino había asumido el 10 de noviembre y había formado un gobierno radicalmente conservador. El signo del gabinete se reveló rápidamente en la autorización de la represión severa de la protesta, sobre todo en Lima, la capital. Tras las primeras jornadas de violencia policial, el presidente del Consejo de Ministro felicitó y garantizó protección a los escuadrones policiales involucrados. Las muertes del 14N activaron una cascada de desafecciones en los pocos apoyos políticos que sostenían al régimen en respuesta a una presión ciudadana desbordada, y hacia el mediodía del 15 de noviembre Merino había renunciado.
El espacio generado por la movilización se pobló de una cantidad de demandas heterogéneas, desde el restablecimiento de Vizcarra hasta el reclamo de un cambio constitucional que cimentara la salida al neoliberalismo, pasando por propuestas más claramente ciudadanas, centradas en la defensa de la democracia, la continuidad de las reformas, la injusticia de la represión y la insensibilidad de la clase política frente a la emergencia sanitaria de la pandemia. El fermento para estos reclamos sigue existiendo y queda por verse cómo terminan tomando forma en el escenario electoral de 2021.
¿En qué se diferenciaron estas protestas de otras que ocurrieron en el pasado? ¿Hubo algún cambio relacionado con el contexto de la pandemia?
En anteriores movilizaciones urbanas ya se habían ensayado los mecanismos de coordinación que proporcionan las redes sociales, pero esas manifestaciones habían sido protagonizadas por actores convencionales, tales como movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. En esta oportunidad se formaron nuevos grupos de activistas, tales como brigadas para desactivación de bombas lacrimógenas y de auxilio médico, similares a las técnicas de movilización ensayadas en otros escenarios, como las protestas de Hong Kong y las de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Ello habla de la emergencia de espacios de aprendizaje global de protesta.
En parte, fue la emergencia sanitaria la que condicionó la composición de las protestas, en su mayora integradas por jóvenes, al tiempo que propició, entre aquellos que tenían mayores reparos en salir a las calles, la difusión de nuevos repertorios, como los cacerolazos, los bocinazos y el activismo digital. Al mismo tiempo, el carácter masivo de las protestas se explica por el hecho de que los indicadores sanitarios del momento sugerían el cese de la primera ola de COVID-19, y por la constatación de que las marchas de Black Lives Matter no habían estado vinculadas a brotes relevantes, lo cual alentó una sensación de seguridad para las marchas.
¿Por qué acabaron los manifestantes reclamando una reforma constitucional? ¿Qué clase de reforma constitucional reclaman?
Las propuestas de cambios constitucionales formaron parte de las demandas de la movilización, pero no terminaron de protagonizarla. En todo caso, ganaron un nuevo ímpetu en el debate público. La genealogía de estas demandas puede pensarse en dos vertientes. El cambio constitucional a través de una asamblea constituyente es una de las demandas centrales de las izquierdas desde el fin del fujimorismo. Inmediatamente después de la caída del régimen de Fujimori (1990-2001) se convocó un Congreso con un mandato constituyente que no pudo producir un nuevo texto constitucional, y desde entonces esta aspiración pasó a habitar el campo del progresismo, perdiendo vigencia entre otros actores moderados y de derecha. Las izquierdas a menudo reivindican la mitificada Constitución de 1979 como alternativa, proponen un nuevo texto inspirado los procesos boliviano y ecuatoriano, y apuntan el carácter ilegitimo de la Constitución actual, nacida tras un golpe de Estado. El crecimiento económico sostenido de las décadas post-Fujimori y las reformas puntuales de algunos mecanismos constitucionales otorgaron legitimidad a la Constitución, pero muchas de las instituciones y principios que consagra han ido agotándose con los cambios sociológicos y económicos que ayudaron a propiciar.
La segunda vertiente viene de un reclamo más orgánico tras la constatación de los límites del modelo de mercado, evidentes sobre todo en la persistencia de la desprotección social, el trabajo precario e informal y los abusos de los oligopolios en la provisión de servicios, así como en la crisis del sistema de representación política. Vizcarra inauguró una etapa reformista en materia judicial y política, y en los marcos legales que gobiernan a los sectores extractivos y el sistema de pensiones. Asimismo, dio continuidad a la reforma educativa. El ánimo reformista -pensado por los sectores moderados como el camino de una transición “responsable”- fue agredido por la pugna política alimentada por los sectores afectados, creando un espacio para que las aspiraciones de reforma puedan empezar a predicarse en el lenguaje del cambio constitucional.
Con todo, este debate ha adquirido una nueva relevancia a partir de las protestas del 14N, y aún no están claros los términos de la conversación, el contenido de los cambios más significativos y, sobre todo, la oferta de actores políticos maduros capaces de interpretarlos y llevarlos a cabo. El peligro radica en que, en un contexto de alta indeterminación, el proceso termine siendo definido por actores cuyas motivaciones no participan del ánimo de cambio.
El espacio cívico en Perú es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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