Beatriz Ríos, representante de las personas con discapacidad, en conferencia de prensa. Foto: Visión 360
Representantes de organizaciones de personas con discapacidad demandaron al Gobierno el incremento del bono mensual de Bs 250 a Bs 500, la entrega de paquetes alimentarios ante el alza de la canasta familiar debido a los bloqueos y la abrogación del proyecto de Ley 388, al considerar que la norma pone en riesgo derechos laborales de madres, padres y tutores de este sector.
Durante una conferencia de prensa en exteriores de la Asamblea Legislativa Plurinacional este 2 de junio, los dirigentes advirtieron que la crisis económica y el encarecimiento de los alimentos por el bloqueo de rutas están afectando gravemente a las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad, muchas de las cuales dependen de ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas.
“No tenemos dinero para sustentar el alimento de nuestros niños, de nuestros pacientes, de nuestros hermanos. Le pedimos al Gobierno que se ponga la mano al pecho”, manifestó una de las representantes, Beatriz Ríos, quien aseguró que numerosas familias atraviesan dificultades para acceder a productos esenciales debido al incremento de los precios como producto de los bloqueos.
Entre sus principales demandas figura el aumento del bono para personas con discapacidad de Bs 250 a Bs 500 mensuales. Según los dirigentes, el monto actual resulta insuficiente frente al incremento sostenido de los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad.
“Estamos muriendo de hambre”, afirmó Ríos al solicitar al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que atienda el pedido. Asimismo, señaló que los ingresos familiares no alcanzan para cubrir los gastos asociados al cuidado de personas con discapacidad grave o muy grave.
Consultados sobre la posibilidad de declarar un estado de excepción frente a la crisis por los bloqueos, los representantes señalaron que esa medida podría generar confrontación entre bolivianos. No obstante, aclararon que las organizaciones de personas con discapacidad no participan en disputas políticas y que sus demandas están centradas en la defensa de sus derechos y condiciones de vida.
Rechazo al proyecto de Ley 388
Respecto al proyecto de Ley 388 “Contra el abuso de beneficios laborales por dependencia de personas con discapacidad en el sector público”, expresó su rechazo porque considera que eliminaría la inamovilidad laboral de madres, padres y tutores de personas con discapacidad. Según explicó, esta garantía permite que quienes tienen bajo su cuidado a una persona con discapacidad puedan conservar su fuente laboral y asegurar el sustento familiar.
Los representantes señalaron que muchas personas cuidadoras perciben salarios cercanos al mínimo nacional y enfrentan dificultades para compatibilizar el trabajo con la atención permanente que requieren sus familiares. “¿Cómo van a dejar solos a sus hijos cuando tienen una discapacidad grave o muy grave?”, cuestionaron.
Además del incremento del bono, solicitaron que se disponga la entrega de paquetes alimentarios para este sector. Indicaron que el encarecimiento de los productos básicos ha reducido significativamente el poder adquisitivo de las familias. Como ejemplo, mencionaron que algunos alimentos registran precios elevados en los mercados, lo que dificulta garantizar una alimentación adecuada.
Según datos citados por los dirigentes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta más de 588.000 personas con discapacidad entre casos leves, moderados, graves y muy graves. Sin embargo, indicaron que más de 130.000 personas cuentan con carnet de discapacidad y consideran que la población afectada supera el medio millón de personas en el país.
