Imágenes referentes al caso del periodista Munguía, un portal de cotización del dólar y el tiktoker Rubén Blanco. Foto: ERBOL
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), mediante un comunicado, expresaron su profunda preocupación ante recientes eventos que parecen apuntar a restringir la libertad de expresión y de prensa en el país.
El texto refiere que uno de los incidentes más preocupantes tiene que ver con el periodista Juan Pérez Munguía, quien fue detenido «injustamente» mientras filmaba el frontis del Banco Central de Bolivia. A pesar de la intervención de la APLP y la ANPB, que logró su liberación el mismo día, durante su detención los policías intentaron forzarlo a borrar las imágenes y a firmar un documento en el que admitía haber cometido una falta. Pérez Munguía se negó, respaldado firmemente por ambas asociaciones.
En otro incidente, un portal de noticias que informaba diariamente sobre la fluctuación del precio del dólar ha sido obligado a cerrar bajo «acusaciones falsas» de especulación financiera.
La APLP y la ANPB señalaron que informar sobre la variación del precio del dólar paralelo no constituye especulación financiera. Además, advirtieron que el cierre de este portal no logrará que el precio paralelo de la divisa norteamericana baje al oficial de 6,96 bolivianos. Por el contrario, la falta de información real sobre el precio del dólar paralelo podría incluso provocar un aumento en su valor.
Un tercer caso notable es el del tiktoker Rubén Blanco, quien ha sido acusado penalmente de racismo y discriminación por comentarios sobre una danza potosina, lo que llevó a su detención y posterior retractación. Las asociaciones de periodistas, aunque no se refieren directamente a los contenidos de los tiktoks de Blanco, defienden su derecho a la libertad de expresión. Las asociaciones sostienen que emitir una opinión, incluso si es ofensiva, no debe ser tipificada como un acto de racismo o discriminación y no debería ser penalizada.
La APLP y la ANPB insisten en que no se puede detener a una persona por expresar una opinión dentro de los márgenes legales vigentes. Subrayan que cualquier discurso considerado intolerante debe ser abordado con medidas alternativas a las sanciones penales, tales como campañas de sensibilización y educación.
También le puede interesar:
