Incendios en Santa Cruz. Foto: Gobernación de Santa Cruz
Dos leyes del denominado paquete incendiario referidas a perdonazos por quemas pasadas fueron abrogadas por el Senado, en el marco de la indignación ciudadana por los incendios forestales, sin embargo, quedan en pie las principales normas que autorizan las quemas en los bosques o que las alientan.
Pese a eso, la decisión es considerada un avance, aunque también existe temor de que, por el apuro con el que se procedió a la derogatoria, se puedan generar vacíos jurídicos al menos temporales en esta materia, porque no se establecieron artículos transitorios con los procedimientos alternativos, según advirtió al senadora ambientalista Cecilia Requena.
De todas formas, las normas aprobadas todavía deben ser revisadas por la Cámara de Diputados, donde la correlación de fuerzas es más compleja.
Entre las leyes que no fueron tocas por el Senado están las polémicas 740 y 741, que autoriza las quemas hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas y tierras comunitarias en proceso de saneamiento.
“La Ley 741 de Autorización de desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias en tierras de uso forestal permanente además exime del pago de patentes por una superficie de 20 hectáreas eliminadas por pequeños propietarios o propietarios comunales”, señala un recuento realizado por Cejis.
Las Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), por su parte, mediante un comunicado, hizo notar que “el Senado mantiene la Ley que genera la mayor cantidad de incendios”, y considera que “abrogó leyes equivocadas”.
“EL Senado rechazó ayer jueves el tratamiento de la Ley No 741, que sigue siendo la principal causante de los incendios forestales en Bolivia. Esta ley, vigente de hace años, permite realizar chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por año sin necesidad de permisos ni controles, facilitando así la proliferación de incendios que devastan nuestros bosques sin control”, dice un comunicado de la institución.
En realidad la que rechazó la abrogatoria de esta ley es la Cámara de Diputados, que anoche intentaba canjear un crédito requerido por el oficialismo con la derogatoria de esta ley, pero al final no lo logró.
Esta ley 741 es del 29 de septiembre de 2015, cuando gobernaba el entonces presidente Evo Morales.
Otra de las polémicas leyes que queda en pie es la 740, también de la época de Morales, de Ampliación del Plazo de Verificación de la Función Económica Social. “Esta norma suspende las reversiones de tierras no saneadas con el justificativo de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria (…) y establece el plazo excepcional de cinco años en la verificación de la Función Económica Social de estas tierras dotadas a los campesinos”, según Cejis.
También queda sin consideración la Ley 1098 que, según el reporte del Cejis, “promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal (etanol anhidro y biodiesel), dada la crisis de importación de carburantes”.
Tampoco se ha tocado el Decreto Supremo 3973, que modificó el Decreto Supremo 26075, de 2001, para autorizar desmontes con fines agropecuarios en tierras privadas y comunitarias en los departamentos de Santa Cruz y Beni, además de permitir las “quemas controladas” en función del respectivo Plan de Uso de Suelos.
Tampoco fue tocada la Ley departamental 093 por la que se aprueba el cambio en el Plan de Uso de Suelo del departamento del Beni “promoviendo las actividades agropecuarias intensivas y extensivas y la explotación de recursos forestales, sin consulta a los pueblos indígenas que habitan los 18 territorios del departamento”.
Y, finalmente, queda sin considerar “el Decreto Supremo 4334 que permite el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni en las áreas dispuestas por el Plan de Uso de Suelos (PLUS) a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)”.
Las leyes que abrogó el Senado
El Senado abrogó dos leyes, que son las siguientes:
La Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, a través de la cual se definen lineamientos para el manejo del fuego de manera “racional”, estableciendo sanciones leves y un “perdonazo” o regularización para quienes no cumplieron con las sanciones, según el análisis del Cejis.
Esta norma establece la necesidad de la reforestación, “era como una especie de regularización de deudas y multas por quemas no autorizadas, dónde quedan esos acuerdos”, dice la senadora Requena.
También fue abrogada la Ley 337, que alienta la producción de alimentos y restitución de bosques, para lo que establece un procedimiento de denuncia de quemas ilegales, de desmontes ilegales. La pregunta es “qué procedimiento está en pie ahora”, dice la senadora Requena.
En declaraciones a Sumando Voces, Requena alertó de“grandes riesgos de que haya vacíos jurídicos” al aprobarse estas leyes, por eso, indicó que lo adecuado era dar curso al proyecto 003, que fue impulsado por ella, porque establecía cómo se resolverían los huecos que quedarían después de la abrogación de estas leyes.
“Esto genera huecos que deben ser resueltos con otras normas, ya sea de legislación como del Ejecutivo a nivel de reglamentación”, dijo la senadora.
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