Esta investigación del medio Guardiana se realizó en el marco del taller virtual “El periodismo como ejercicio de defensa de derechos” (2da versión) que realizó la red UNITAS con el apoyo financiero de la Unión Europea y en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el coauspicio de FUNDAMEDIOS de Ecuador, dentro del proyecto “Sumando Voces Multiplicando Acciones: Las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”.
Esta investigación del medio Guardiana se realizó en el marco del taller virtual “El periodismo como ejercicio de defensa de derechos” (2da versión) que realizó la red UNITAS con el apoyo financiero de la Unión Europea y en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el coauspicio de FUNDAMEDIOS de Ecuador, dentro del proyecto “Sumando Voces Multiplicando Acciones: Las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”.
Cuando usted camina por los mercados y calles de ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, podrá ver a niñas, niños y adolescentes trabajando en diversas actividades como también ocurre en otras ciudades de Bolivia. Sin embargo, las defensorías de la Niñez y Adolescencia de las tres ciudades mencionadas han dado pocos permisos a las y los adolescentes mayores de 14 años para trabajar: en La Paz han otorgado desde 2019 unos 10 permisos; en Santa Cruz unos 30 y en Cochabamba no tienen la información actualizada a mano.
El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548), del 17 de julio de 2014, determina en su artículo 188 que las defensorías deben “crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo”. Además de “proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador”, en coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo.
Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo generó en 2019 un formulario para que las defensorías pudieran autorizar el trabajo de las y los adolescentes a partir de los 14 años. En este no solo se debe especificar el tipo de trabajo, el rubro, sino que debe contar con la autorización de los padres o tutores y el compromiso del empleador de respetar las horas de estudio necesarias, además de dar sus datos como empresa (NIT y otros).
Además de dar la autorización de trabajo, las defensorías de la Niñez y Adolescencia también tienen entre sus atribuciones “apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso». Además de “interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de menores”.
Las defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal público, permanente y gratuito, creadas para la promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de los menores. Estas instancias fueron creadas por la Ley de Participación Popular (1551) y sus funciones están garantizadas en el Código Niña, Niño y Adolescente.
Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz
Javier, Heydi, Carla y José son algunos nombres de niños y adolescentes que trabajan en la ciudad de La Paz. Ninguno de ellos tiene la autorización para hacerlo, pese a que la normativa vigente lo establece con el fin de garantizarles sus derechos fundamentales, como la educación. De manera oficial, desde 2019, solo 10 menores de edad cuentan con el permiso laboral de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, cuya base de datos no es clara en cuanto a su situación.
La necesidad de ayudar a la familia a subsistir es un común denominador en niñas, niños y adolescentes que salen de sus hogares para trabajar; aunque ello signifique sacrificar horas de juego y muchas veces hasta horas de estudio. “No tengo tiempo para jugar, tengo que vender mis manillas”, afirma Carla, de 15 años, tras relatar que solo vive con su abuela y su renta dignidad (Bs 350) no alcanza.
“Trabajo para comprar un celular y volver a la escuela”, dice José, un niño de nueve años que limpia parabrisas en El Prado paceño. El dinero que gana su familia no alcanza para que él acceda a las clases virtuales, una modalidad asumida desde marzo de 2020 para evitar el riesgo de contagios de la Covid-19 en las aulas.
Javier y Heydi, con tan solo 11 y 12 años, respectivamente, ya sienten la preocupación de pagar deudas, pues ambos buscan ganar dinero con la venta de chocolates para ayudar a sus padres a saldar préstamos que asumieron por la crisis económica y otras responsabilidades.
A Diego, de 17 años, le tocó mantener a su mamá durante un largo tiempo debido a la enfermedad que le impedía trabajar y ante la ausencia de su papá. Él reunía lo que podía con su trabajo de embolsador en un supermercado, al que asistía desde sus 12 años. Pero la cuarentena por la pandemia puso fin a su fuente de ingreso.
Ellos son solo algunos de los muchos pequeños que salen a las calles paceñas en busca de sustento. En la sede de gobierno casi es habitual ver a niñas, niños y adolescentes ofreciendo dulces o chocolates a transeúntes en plazas, parques, restaurantes y otros. También se los observa en los puestos de venta de mercados. La plaza San Francisco y El Prado (casco central) son dos espacios recurrentes donde ellos lustran calzados o limpian parabrisas.
Pero, pese a este panorama, en La Paz solo hay 10 menores de edad con autorización para trabajar (llenaron el formulario dispuesto por el Ministerio de Trabajo), según los datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de La Paz, desde 2019, año en el que estas instituciones dependientes de las alcaldías asumieron la responsabilidad de registrar y autorizar el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena de menores de edad, mediante la Ley 1139, promulgada el 20 de diciembre de 2018.
El trabajo por cuenta ajena se da cuando el menor de edad depende de un empleador, firma un contrato y recibe un salario. Mientras que el trabajo por cuenta propia es aquel que realiza por sí mismo o con la familia, sin necesidad de un contrato de por medio.
Harry Suaznabar, director de la DNA La Paz, detalla que los 10 permisos laborales están dentro de los 23 casos sobre trabajo adolescente que atendieron en dos años y medio. Los adolescentes autorizados tienen entre 14 y 16 años de edad, y están en los macrodistritos de Cotahuma, Sur, Periférica y Max Paredes.
Harry Suaznabar, director de la DNA La Paz (foto: Guiomara Calle).
“Son 23 casos en total, desde 2019, viendo las cuatro tipologías: autorización de trabajo (cuenta ajena), autorización de trabajo por cuenta propia, trabajos peligrosos e insalubres, y trabajos prohibidos y atentatorios. De los 23 casos, 10 son por extensión de formulario. En el resto pueden estar casos a los que se negó la autorización tras verificar que son tóxicos, insalubres u otros (…) hubo un solicitante de 10 años a quien se le negó el permiso”.
Harry Suaznabar, director de la DNA La Paz
En Bolivia solo se permite el trabajo a menores de entre 14 y 17 años, luego de que en julio de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional declarara inconstitucional el artículo 129 del Código Niña, Niño y Adolescente y otros conexos que autorizaban excepcionalmente el trabajo infantil por cuenta propia desde los 10 años y por cuenta ajena desde los 12 años.
Datos negros
Sobre las diferencias entre el número de autorizaciones y la cantidad de menores que trabajan en las calles, Suaznabar señala que “hay datos negros en el trabajo de adolescentes”. “Si registráramos a todos los adolescentes que tienen una fuente laboral, definitivamente tendríamos números más gruesos; pero ellos no quieren este trámite porque podría traerles problemas o causarles la pérdida de su trabajo”.
La base de datos de la DNA detalla que uno de los 10 adolescentes con autorización trabaja por cuenta propia y que otro lo hace por cuenta ajena, del resto se desconoce la situación. Estos registros no cuentan con detalles de género, del rubro en el que se desenvuelven, ni de los resultados al seguimiento que realizan a los empleadores.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza, las DNA tienen la obligación de realizar el seguimiento a adolescentes y sus empleadores para que estos últimos garanticen que el trabajo no exceda las ocho horas y el cumplimiento de las horas libres para los estudios del menor.
Suaznabar asegura que sí realizan el seguimiento, pero sostiene que quien debe garantizar los derechos del menor es el empleador y que la “supervigilancia” de los derechos del niño y adolescente “es una tarea de todos”. Sin embargo, la normativa da responsabilidades específicas a las DNA y al mismo Ministerio de Trabajo.
“Cuando identificamos que no existen las posibilidades de que el niño estudie, negamos el permiso de trabajo. No es que nosotros garantizamos de que eso no vaya a pasar, nosotros simplemente tomamos los datos y hacemos cierto seguimiento durante un tiempo. Pero nosotros no somos los que garantizamos, el que debe garantizar es el empleador”, afirma Suaznabar.
Dirigencia de menores observa trabajo de Defensoría de La Paz
Al respecto, la dirigencia de Taypi NAT (Niños y Adolescentes Trabajadores), que agrupa a menores en situación laboral de la ciudad de La Paz, considera que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no realiza un trabajo adecuado, debido a que sus trámites son burocráticos y no hay seguimiento.
“La defensoría inspeccionó hace más de un año varios supermercados y en uno de ellos ocho adolescentes siguieron el trámite, que demoró el doble de lo que habían explicado, no estaban bien organizados. Luego de dar el permiso, ellos no retornaron más para el seguimiento. Los del supermercado decían: ‘Para eso han venido a molestar y nunca más han vuelto’. Ellos lo hicieron solo para quedar bien, no nos ayudaron”.
Diego, uno de los dirigentes de Taypi NAT
Nadia, coordinadora de Taypi NAT, menciona que su organización no mantiene contacto con la DNA y que alguna vez algún funcionario edil les invitó a las oficinas para hablar sobre el formulario de autorización de trabajo para adolescentes debido a las observaciones que hicieron en la demora del trámite.
“En julio (de 2021), la Defensoría del Pueblo, con la que tenemos acercamiento, nos mostró que solo dos niños de La Paz consiguieron la autorización de trabajo de la Defensoría de la Niñez (en 2020), pero esa cantidad no se acerca a la cantidad de niños que trabajan en La Paz, que sabemos que aumentó con la pandemia. Hasta el momento no hemos tenido apoyo de ellos (Defensoría de la Niñez)”.
Nadia, coordinadora de Taypi NAT
Registro de formularios
Por otra parte, la Ley 1139 señala que la copia del registro de los adolescentes trabajadores por cuenta ajena debe ser remitida al Ministerio de Trabajo por las DNA, a efectos de la inspección y supervisión correspondientes. Consultado sobre cuántos de estos formularios emitidos en La Paz tiene el Ministerio de Trabajo, Carranza informó que esta defensoría no está cumpliendo y tampoco pudo precisar una cifra nacional.
Suaznabar anunció que la DNA subsanará la remisión sin problemas y recordó que asumió el cargo en mayo. “Si es una mala práctica que se ha estado utilizando en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pues hay que subsanarla y eso es básicamente poner en conocimiento del órgano rector este tema de autorizaciones. Posiblemente no se haya hecho por la pandemia”.
La erradicación del trabajo infantil y adolescente es aún un desafío para las autoridades de los tres niveles de Estado, más aún cuando el Ministerio de Trabajo confirmó un retroceso en su eliminación, principalmente a causa de la pandemia de la Covid-19, que a su vez generó una crisis económica que empuja a varias familias a volcarse a trabajos informales con ayuda de los hijos y muchos de ellos son menores de edad, según Carranza.
Esta situación fue confirmada por Nadia, quien asegura que ahora muchos de los NAT salen a trabajar con sus hermanos menores por la falta de dinero en sus casas, a raíz de la pérdida de empleo de los papás. “Con la pandemia ha aumentado mucho más la cantidad de menores que trabajan, y más con esto de conseguir aparatos para las clases virtuales porque a veces hay cinco niños en la casa y no se puede compartir un celular; se trabaja para comprarlos”.
Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba
En el caso de la ciudad de Cochabamba, la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Cochabamba, Cinthia Prado, explica que la flexibilización de las restricciones por la pandemia de la Covid-19 no ha conseguido normalizar las actividades económicas de la sociedad y esto profundizó el empleo informal mayoritario que, a su vez, afecta a familias de escasos recursos que no tienen condiciones para cubrir gastos de alimentación, vestimenta o de estudio de sus hijos e hijas.
Agrega que, por esta razón, menores de edad se ven obligados en Cochabamba a ayudar a la economía en sus hogares y, en otros casos, lo hacen para comprar crédito y así habilitar sus teléfonos celulares para las clases virtuales, también para su alimento o ropa.
¿Usted cree que en 2025 pueda estar erradicado el trabajo infantil de Bolivia?, se le preguntó a la Jefa de la Defensoría y ella respondió: “Obviamente queremos creer que esto será así, pero sabemos que la problemática es mucho más compleja”.
Este artículo forma parte de una investigación que incluye los siguientes materiales:
- Historia del manejo político del trabajo infantil en Bolivia desde el 2014
- Gobierno admite que no logró objetivos y alista política pública para trabajo infantil
- Ministerio de Trabajo mantiene su palabra de erradicar el trabajo infantil hasta 2025
- Muy pocos adolescentes piden y tienen permiso de las defensorías para trabajar
- En La Paz, «trabajo para que mi mamá ya no se endeude»…»lo hago por un celular»
- Hay pequeños en la Llajta que trabajan más horas de lo permitido y esquivando carros
- En Santa Cruz son vendedores, estibadores, ambulantes, cuidadores y malabaristas
