Por Rodolfo Huallpa. Foto: jkraft5.
“Las violaciones a derechos de las mujeres indígenas no tienen el mismo contexto que la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas”, de esta manera, Toribia Lero Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, presenta el Informe Alternativo de la Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia para el Examen Periódico Universal (EPU), que se presentó en octubre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este informe recoge la situación actual de los derechos de las mujeres indígenas de las tierras altas y de las tierras bajas en Bolivia, caracterizada por un “peligroso debilitamiento” del Estado de derecho, “la judicialización de la política”, “la criminalización de la protesta” y “el debilitamiento de las organizaciones indígenas y de defensoras de los derechos humanos”.
Derecho a la consulta
El primer punto en el que se centra este informe es la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada. “Las mujeres de pueblos indígenas y originarios ven con preocupación las políticas públicas que promueven el avasallamiento de los territorios y el despojo de los recursos naturales, por actividades extractivas minera, petroleras y la agroindustria; la construcción de carreteras, hidroeléctricas y la expansión de la frontera agrícola que impulsa asentamientos humanos ilegales en territorios indígenas”.
De acuerdo con las mujeres indígenas, las empresas entran a los territorios y realizan consultas inapropiadas, sin tomar en cuenta procedimientos que garanticen la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones. Denuncian que los grandes proyectos “obligan” a los pueblos a ceder sus territorios a las empresas sin ser compensados de manera justa.
Citan, por ejemplo, el caso de mujeres indígenas de la Amazonía que sufren por la irrupción de empresas mineras de oro, que ingresan a sus territorios sin consultas y realizan actividades sin ningún tipo de control, lo que deriva en la contaminación de sus ríos. “Ya no pueden comer pescado, su fuente de proteína los está envenenando y además ven que la inseguridad y violencia genera la lucha por las vetas de oro y actividades ilícitas”, se lee en el informe.
Derecho a la salud
Las mujeres indígenas denuncian que en las comunidades donde hay actividades petroleras se presentan casos de abuso y violencia de parte de los trabajadores, que contagian con enfermedades de transmisión sexual a las mujeres. “Es evidente que los servicios de prevención y tratamiento de calidad no llegan a la mayoría de las mujeres indígenas y originarias”, sentencia el informe.
A esto se suma la mortalidad materna que es de 160 mujeres por 100.00 nacidos vivos, una de las tasas más altas entre los países latinoamericanos. De esta cifra se extrae que el 36% son mujeres quechuas y 28% mujeres aymaras.
Frente a esta situación se recomienda que el sistema de salud implemente procedimientos de manera diferenciada entre lo rural y urbano, para lo cual es “urgente contar con información desagregada por etnia y edad, para visibilizar la situación de las mujeres, niñas y jóvenes indígenas”.
Violencia política y acceso a la justicia
El informe pone en evidencia la intervención del gobierno a las organizaciones de base, con el fin de cooptar dirigencias y restringir el acceso de las mujeres líderes en la toma de decisiones. Se cuestiona que no hay cumplimiento de la participación políticas de pueblos indígenas bajo normas y procedimientos propios, lo que merma la participación política de las mujeres indígenas.
En lo referido a los casos de acoso y violencia política, se denuncia la “alarmante” cifra de 86 casos de acoso y violencia política en distintos municipios del país. Pero el problema recae en algo “más preocupante”, en el desistimiento de la mayoría de las denuncias debido a la “presión ejercida contra las víctimas”. Se cita como ejemplo lo ocurrido en el municipio de Tapacarí en Cochabamba en 2017, cuando concejalas fueron “obligadas a embriagarse” para posteriormente ser golpeadas, vejadas y sufrir intento de violación por sus colegas concejales. El caso fue encubierto luego de que las concejalas fueron amenazadas con ser echadas de sus cargos.
Defensoras de derechos humanos y territorios indígenas
Hay mujeres indígenas y originarias que se han convertido en defensoras de sus territorios ante la violación de la consulta previa, el extractivismo, los megaproyectos, el agronegocio y la deforestación masiva, por esa situación muchas de ellas son “hostigadas, amenazadas y denigradas” por esa condición.
El informe da cuenta de numerosos casos de mujeres indígenas en resistencia, por ejemplo, a la construcción de las hidroeléctricas Bala, Chepete y Rositas, o de proyectos mineros, que han recibido amenazas y son difamadas bajo riesgo de expulsión de sus comunidades.
“Hay el caso de una autoridad originaria del Ayllu Cabeza en Oruro que denunció a las empresas mineras por la contaminación del agua en su territorio, terminó con citaciones a la Fiscalía, difamación y amenazas de muerte, razón por la cual ha tenido que dejar su cargo de autoridad y salir de su comunidad”, se lee en el informe.
Sobre el Informe Alternativo Alternativo de la Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia para el EPU
Este informe fue presentado con motivo del EPU que rindió el Estado boliviano, a principios de octubre pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. El informe fue elaborado por la Alianza de Mujeres Indígenas y Originarias de Bolivia, que está conformada por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, integrada por mujeres de 34 pueblos indígenas de las tierras bajas del país, además de Mama T’allas de comunidades y ayllus de tierras altas de Bolivia.
El informe fue presentado junto a otro de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los derechos humanos de las mujeres para el EPU y el Informe Nacional presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Los tres textos fueron sometidos a consideración del Consejo de DDHH de la ONU.
