Cuando revisamos las características principales de una radio comunitaria vemos: debe defender la democracia y respetar la pluralidad de opiniones; debe trabajar para solucionar los problemas sociales de las comunidades y desarrollar la educación, la ciencia, la cultura y el deporte; y debe permitir, a toda la ciudadanía, expresar sus ideas y promoverlas. Ninguno de estos principios cumplía la mal llamada Radio Comunitaria Kawsachun Coca, porque se trataba de un medio de comunicación usado por el expresidente Evo Morales como si fuera de su propiedad privada. Por eso el cierre de esta emisora y sus repetidoras, no es un atentado contra la libertad de expresión. Es, por el contrario, el acto de sinceramiento más honesto que ha tenido el Estado boliviano en años en materia de comunicación.
Una radio comunitaria no es una radio sindical, no es una radio partidaria y mucho menos es la radio de un caudillo. Según la propia Ley General de Telecomunicaciones y los principios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sus funciones son claras: servicio a la comunidad y su fin primordial es responder a las necesidades de información, educación y entretenimiento de la comunidad donde está asentada. No de un líder.
Kawsachun Coca, que funciona desde el 2006 con un canal de streaming y seis repetidoras, incumplió absolutamente todos estos principios. Instalada en el corazón del Chapare, Cochabamba, la emisora nunca informó sobre los problemas de agua, educación o salud de las comunidades. Su parrilla de 24 horas estaba dedicada a una sola agenda: victimizar a Evo Morales, atacar a sus opositores internos y externos, convocar a bloqueos y difundir la línea política del evismo.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Bolivia revocó el uso de seis frecuencias (y según reportes de la emisora, hasta 11 o parte de sus 15 licencias) de Radio Kawsachun Coca (RKC) en octubre de 2026, sin embargo el hecho ha sido calificado como un atentado a la libertad de expresión.
Era la radio del presidente de las seis federaciones de productores de coca del Chapare. Y ese dato no es menor. Esa es la zona donde, según estudios de la ONU y del propio Estado, cerca del 95 por ciento de la coca que se produce no va al acullico ni a fines tradicionales, sino que se destina directamente al narcotráfico. No es la hoja sagrada de los Yungas. Es la materia prima de la cocaína.
Y la pregunta es: ¿Qué tiene de comunitaria una radio que defiende a rajatabla un modelo cocalero que ha traído violencia, laboratorios y la estigmatización de toda una región? Nada. Kawsachun Coca no informaba, adoctrinaba. No integraba, dividía. No daba voz a la comunidad, se la quitaba para dársela a un expresidente que la usaba como trinchera. Por eso su cierre no debe leerse como censura.
Por el contrario, debe interpretarse como la recuperación del espectro radioeléctrico que le pertenece al pueblo y no a un caudillo. Asimismo, mientras periódicos como Página Siete de La Paz cerraba por una llamada “tormenta perfecta”, que tenía entre sus componentes la asfixia económica de la publicidad estatal, una investigación del periódico El Deber estableció que solo en 2022, el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), que depende del Ministerio de la Presidencia, destinó para Kawsachun Coca recursos por un monto total de Bs 300.000 en pauta gubernamental, además de subcontratar publicidad por medio de empresas estatales como YPFB, Entel y otras.
De modo que su cierre es el fin de una farsa comunitaria inventada durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce como parte de una estrategia política para tomar el poder y mantenerse en él, pues a la hora de la verdad, en Chaparina masacraron a los indígenas y con el Fondo Indígena los estafaron.
Roberto Méndez es periodista y abogado.
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