Líderes indígenas y campesinos de Pando. Foto: Sumando Voces
En el extremo norte de Bolivia, en Pando, donde la Amazonía late entre ríos y bosques, las comunidades indígenas enfrentan una doble amenaza: la arremetida de la minería aurífera que contamina con mercurio sus aguas y territorios, y el abandono institucional frente a desastres naturales cada vez más recurrentes, según denuncian sus líderes.
Desde la comunidad Perseverancia, en el municipio de Villa Nueva —la última comunidad de Pando antes de la frontera con Brasil—, Ruth Ecuibare describe con dolor los estragos de las recientes inundaciones. “Tuvimos pérdida total de nuestros sembradíos. Yo sola perdí cuatro hectáreas de plátano”, relata. De las 32 familias que componen la comunidad, 26 fueron afectadas. “No nos quedó ni para semillas. Estamos en cero, hace cinco años que no llega ningún apoyo”.
Pero no es solo el clima. Ruth también denuncia el ingreso de dragas y balsas mineras operadas por extranjeros. “En mi sector hay chinas y colombianas. ¿De dónde vamos a tener nosotros, bolivianos, semejantes maquinarias? Ellos no respetan, no les interesa el territorio, solo extraer el oro”, reclama. Asegura que la actividad minera está destruyendo la selva, dispersando la fauna y contaminando los ríos. “Consumimos pescado todos los días. ¿Cuántos estarán contaminados ya? ¿Cuánto plomo tenemos en el cuerpo? Quizá por eso somos tan pesados”.
La misma preocupación la comparte Rosineide Rodríguez, del pueblo Yaminahua, que vive a orillas del río Acre. Explica que los pueblos indígenas, especialmente Ese Ejja, sufren contaminación por mercurio, la cual afecta a los niños, a las mujeres embarazadas y a los ancianos. «Hay vómitos, diarreas», dice al explicar que comer pescado les hace daño. El exceso de lluvias también ha afectado sus cosechas, agravando la vulnerabilidad de estas comunidades que viven de la pesca, la caza y la recolección.
Todos los testimonios coinciden en una denuncia común: el Estado boliviano y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) otorgan concesiones mineras sin respetar la consulta previa, libre e informada establecida por la Constitución Política del Estado. “Es como si no existiéramos. Se meten, trabajan, contaminan, y no les importa a quién perjudican”, lamenta Ruth.
Ante este panorama, Francisco Hilcha Justiniano, subcapitán del pueblo Cavineño en el departamento de Pando, expresa que los pueblos indígenas ya llevan 14 años a la espera de la aprobación y promulgación de la Ley Bruno Racua para mejorar su situación de vida. Este proyecto normativo tiene por objeto promover el desarrollo integral sustentable del norte amazónico de Bolivia, articulado al desarrollo nacional, en beneficio de las nacionales y pueblos indígena originario campesinos y de la población en general, a través de una planificación y administración participativa, compartida, equitativa, descolonizadora y con control social, tomando en cuenta que es un espacio de especial protección.
La semana pasada, una comisión conformada por 12 dirigentes del Norte Amazónico llegó a La Paz con el objetivo de gestionar apoyo ante autoridades y legisladores para la aprobación de la ley Bruno Racua, que promueva el desarrollo integral de la Amazonía. Sin embargo, ni los presidentes de las cámaras ni los miembros de la Comisión de la Región Amazónica, Tierra y Territorio —instancia directamente responsable del tema— accedieron a recibirlos en audiencia.
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