Evelyn Callapino Guarachi
El 12 de octubre de 2023 se conoció el caso de la violación de una niña de 10 años en el municipio de Uncía del departamento de Potosí. La menor quedó embarazada y se inició un proceso en que el principal acusado, y presunto violador, es el maestro de escuela y regente Juan Quinciño Torres.
Una vez que se hizo público este hecho atroz, se produjo una movilización en apoyo y defensa del presunto perpetrador. Esta movilización, apoyada por lugareños y maestrxs, fue encabezada por Celia Suárez Guzmán, Ejecutiva General de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Uncía. La profesora Suárez y otrxs maestrxs hicieron uso de un discurso aterrador por el que acusaban a la niña de haber seducido al maestro, Juan Quinciño, ya que era una “niña despierta”. Un juicio de valor que no tomaba en cuenta la edad de la víctima y que reproducía los más arraigados estereotipos machistas. No solamente fue responsabilizada la menor de este hecho violento, sino que también su propia madre. Se le acusa de no haber “cuidado” a su hija y de esa forma haber fomentado este asalto sexual. Este tipo de argumentaciones, promovidos por maestros de escuela, no solamente reproduce estereotipos, sino que contraviene las disposiciones a favor de las menores en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en el internacional.
Lo que también sorprende es el apoyo de padres y madres de familia de la localidad. Tanto maestros como lugareños no mostraron ninguna empatía hacia la víctima, ni tampoco preocupación por su estado. Esta situación genera varias preguntas: ¿Qué hace posible que profesores de primaria sostengan que una niña haya seducido a su agresor? ¿Por qué se culpa a la madre de la violación de su propia hija? ¿Qué protección está ofreciendo el sistema educativo boliviano a las niñas de las escuelas primarias de Uncía? Estas preguntas nos conducen a dos reflexiones generales. La primera es lo arraigado de los prejuicios machistas que responsabilizan a las víctimas de los asaltos sexuales, una visión que se reproduce igualmente en los casos de mujeres víctimas de violencia. La segunda es la situación real de indefensión de muchas niñas bolivianas cuyos maestros están dispuestos a protegerse entre sí antes que en colaborar con la verdad y la justicia.
Lo que se espera de un/a profesor/a es su compromiso con la educación y con lxs estudiantes. Es decir, una instrucción apropiada y un ambiente de respeto y de formación en valores. Se asume que la escuela es un espacio seguro para lxs estudiantes. Este caso muestra todo lo contrario. La ausencia de ética, el uso de una posición de poder para asaltar sexualmente a una niña y la defensa airada por parte de los maestros de uno de sus colegas. Las violaciones dejan además secuelas profundas en las víctimas.
La violencia contra la víctima no se ha detenido. El Ministerio Público, que debería velar por el cumplimiento del Derecho y la protección del menor, ha hecho todo lo posible para evitar el esclarecimiento del caso. Ha obstruído la labor de la Defensoría del Pueblo. El fiscal, Juan Quiroga, ha mostrado parcialidad y ha contribuido a generar un clima de desconfianza hacia su labor. Podemos decir entonces que la víctima padece tres violencias: la de su agresor, la de los maestros que en teoría deberían defenderla y la del Estado epitomizada en el fiscal Quiroga.
Hay varios mensajes y lecciones negativas de este hecho. Por eso es necesario que este caso se esclarezca y que no se vuelva a repetir. Aquí podemos ver el enorme poder que tienen los perpetradores que trabajan en el sistema educativo. Un poder que se expresa en la intimidación y apropiación violenta del cuerpo de una menor. Otro mensaje negativo es la tendencia a responsabilizar a la víctima. Un mensaje que ha sido secundado por los maestros de escuela que en teoría cumplen un papel formativo. Un tercer mensaje es la reacción parcial y desproporcionada de los padres y madres de familia a favor de acusado sin prestar atención a la menor y a su situación de vulnerabilidad. La maestra Suárez es un buen ejemplo de esta actitud. En su discurso público mostró su indignación por el arresto de su colega, pero no tuvo ninguna palabra de solidaridad hacia la víctima. No le indignaba de que haya abusado de su poder, violado y embarazado a una niña. Este mensaje era respaldado por muchxs lugareños de Uncía ya que el regente era “buena gente”.
Estas acciones denotan la cultura de la tolerancia hacia el agresor, la ausencia de empatía hacia la víctima y los problemas estructurales de nuestro sistema educativo. Ignoramos cuántas violaciones son ocultadas y nunca denunciadas. Los perpetradores se aprovechan de esos silencios y perpetúan una cultura de la impunidad. Creo que como sociedad tenemos que reaccionar. Debemos condenar estas violencias, crear entornos seguros para las wawas, y romper con los discursos que responsabilizan a las víctimas. Nuestra misión es procurar así mejores sistemas educativos y la protección real de nuestras niñas. Las niñas son niñas y merecen una sociedad mejor y más justa.
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Evelyn Callapino es investigadora, politóloga e integrante de Mujer de Plata.
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