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Las organizaciones que han participado en el XIV Cívico Iberoamericano han dado la voz de alerta: el panorama general en la región arroja datos preocupantes; los desafíos en términos de derechos humanos y calidad democrática son enormes. Según datos de Civicus, en la inmensa mayoría de los países de Iberoamérica se registran restricciones del espacio cívico. Tal contexto exige un refuerzo urgente de los vínculos entre la sociedad civil y el Estado.
En palabras de Cristina Prego, de la Mesa de Articulación de las ONG de América Latina y el Caribe, “vivimos una situación muy preocupante que afecta directamente a nuestras democracias; es urgente tomar medidas que garanticen un cambio de rumbo”.
La declaración final del Encuentro presenta las demandas de la sociedad civil a la Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de gobierno, que se celebrará en República Dominicana en el mes de marzo. El análisis que se ha realizado deja claro que es necesario fortalecer la democracia, garantizar los espacios de participación ciudadana y el fin de la criminalización de activistas sociales. También es urgente garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas que, a su vez, deben diseñarse y aplicarse con un enfoque de justicia.
Recomendaciones
Algunas de las recomendaciones consensuadas en el Encuentro presentan propuestas concretas para mejorar la situación y cambiar la tendencia. En primer lugar, es necesario fortalecer el Estado de derecho y la democracia: garantizar los derechos humanos, de manera universal, es crucial para salir de esta situación. Los Estados deben asegurar los derechos y libertades de reunión, asociación y expresión; la criminalización de activistas y defensoras y defensoras de derechos humanos debe acabarse. Además, deben tomarse todas las medidas necesarias para que la ciudadanía participe activamente y como actor de derecho propio en la construcción y el seguimiento de las políticas públicas.
La declaración incluye una petición específica a la Secretaría General Iberoamericana y a los jefes y jefas de Estado y de gobierno: “deben asumir un rol de impulso y monitoreo de las propuestas de la sociedad civil”. Reclaman también que los encuentros de la sociedad civil tengan lugar en el mismo país en el que se celebra la Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de gobierno; y participar presencialmente en esa cumbre.
Según Alejandra Solla, representante de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, “estos encuentros son esenciales para garantizar que la opinión y contribución de la sociedad civil es tenida en cuenta en la construcción de las políticas públicas. La reducción de la calidad democrática en nuestros países exige medidas consensuadas que garanticen los derechos humanos”.
La directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, Susana Eróstegui, fue parte de este encuentro.
