Sumando Voces
“Aparecieron más efectivos policiales (que) logran arrebatarme la cámara, utilizaron la fuerza y me hacen caer al piso donde había aceite quemado, en ese momento entre 6 o 7 policías aproximadamente forcejean para quitarme la máscara antigases y el casco que llevaba puesto y me golpearon en el piso con puños y patadas, en todo momento me identifiqué como trabajador de la prensa (…) sin embargo estos efectivos policiales no hicieron caso”.
Ese es el relato que Joel Orellana, camarógrafo de la red UNITEL, prestó ante la Fiscalía por la violencia policial que sufrió la madrugada del 1 de enero de 2023, cuando recibió una golpiza de efectivos policiales, luego de grabar cómo detenían a una persona en las protestas sociales por la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. No fue el único herido. Su compañero de trabajo, el periodista Miguel Angel Rivero, también resultó afectado en su afán de impedir la agresión policial.
Uno de los policías que fue parte de la violencia hacia ambos trabajadores de UNITEL era el teniente Víctor Hugo Santelices, quien, luego de nueve meses de transcurrida la denuncia penal en su contra, fue imputado en pasados días por la Fiscalía, bajo los delitos de lesiones graves y leves, y delitos contra la libertad de prensa.
“La fiscal resuelve imputarlo porque existen los suficientes elementos para hacerlo. Además, pide dentro de las medidas sustitutivas que (el teniente) obligatoriamente se presente ante el Ministerio Público, establece una fianza económica, prohibición de salir del país, arraigo y trabajo comunitario”, informó Raquel Guerrero, abogada que patrocina el caso, al periódico Sumando Voces.
Para la jurista, esta imputación es una muestra de que la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIDIPI) de la Policía en Santa Cruz se equivocó al rechazar la denuncia en contra de Santelices, dado que, también, se abrió un proceso por la vía disciplinaria, pero ésta quedó en nada porque, cuestionó Guerrero, “policía no investiga a policía”.
Los denunciantes en este caso son además de las víctimas, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, que lleva adelante procesos en contra de policías agresores de periodistas, entre otros casos. Guerrero indicó que esta imputación es una muestra y posibilidad de que al menos uno de los pocos casos de agresión denunciados no quede en la impunidad.
“Tanto la Policía y el Ministerio Público no investigan nada. Esperan que nosotros como parte coadyuvante se los pongamos o busquemos todas las pruebas y pericias o propongamos para que ellos resuelvan”, cuestionó la abogada.
De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy talavera, son 21 denuncias de agresión contra periodistas que cursan ante la justicia, también hay otros cinco procesos disciplinarios y 52 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el Caso Las Londras, reportó El Deber.
