No tiene sentido el debate sobre el ejercicio de la democracia, la modernización del Estado y el funcionamiento de la burocracia pública, si no está orientado a profundizar un bienestar digno en el que la búsqueda de la felicidad como esfuerzo personal, sea reforzada por la sociedad y la obligación del Estado de apoyar con salud, educación, empleo, trabajo digno, vivienda, seguridad y protección de libertades. Este enunciado, por demás de elemental, a veces queda perjudicado por discursos y acciones políticas que siembran confusión o distraen las urgencias con vestimentas ideológicas o demagógicas.
Al esfuerzo y la voluntad colectiva, debe incorporarse la economía de escala que aporte experticia e ingeniería administrativa para que la gestión, por el volumen de la responsabilidad, lo haga con servicios expeditos y suficientes. No es otro el objetivo final y por eso queda tan evidente la incapacidad, las chambonadas, la corrupción, que impiden lograrlo. Y cuando los titulares de prensa están llenos de noticias desgraciadas que ponen en evidencia el latrocinio y la liviandad con que se ejecuta la función pública, y las cárceles se llenan de funcionarios de las gestiones anteriores y de las actuales, tenemos que identificar los errores que estamos cometiendo como sociedad para que ello no siga ocurriendo. Aunque no son todos, no puede ser una condición de los burócratas de turno ingresar a la función pública a robar, no debiera ser tan permisivo el sistema que lo facilita, ni debemos aceptar con tanta promiscuidad la pérdida de la rebeldía ciudadana.
Frente a esas condiciones, tenemos que recuperar las prácticas necesarias para que el ejercicio de la función pública tenga la condición que se cumpla con méritos. Confucio (551-479 a.C.) defendía que los gobernantes y administradores no debían heredar sus puestos por linaje, sino ganárselos a través del conocimiento de los clásicos, la ética y el servicio al pueblo, dando origen al sistema de exámenes imperiales. Hemos confundido la democracia y la estamos ejerciendo como un derecho para ingresar a la función pública sin la idoneidad suficiente para el ejercicio del cargo. Nadie se atrevería a decidir por voto cuál de los pasajeros de un avión debe convertirse en el piloto que conduzca la nave, o quien goza de la mejor simpatía para dirigir una operación a corazón abierto… y los ejemplos pueden seguir ad-infinitum. ¿Por qué no hemos logrado separar la conducción de lo político con las necesidades de idoneidad que exige el cumplimiento de una función?
Asumiría la debilidad del razonamiento si me quedara en las condiciones que las oligarquías impusieron para el ejercicio del poder, con racismo, discriminación y sectarismo. Sin embargo, en el siglo de la IA y la necesidad de contar con conocimientos imprescindibles para enfrentar el reto de la competitividad, no podemos continuar lamentando que nuestra ignorancia sea el justificativo de nuestra pobreza.
«El pueblo quiere saber de qué se trata» fue la consigna de los patriotas de Buenos Aires en 1810 durante la Revolución de Mayo que exigía la renuncia del Virrey Cisneros, fundamentando el nacimiento de la soberanía popular y el derecho del pueblo a controlar a sus gobernantes. «¿Qué están haciendo con mi plata?» fue la consigna que adoptaron los ciudadanos de Porto Alegre a finales de 1980, para tomar control del presupuesto y se garantizara la transparencia en la priorización y la ejecución de la inversión pública.
Para orgullo nuestro, fuimos más radicales en el proceso de la Participación Popular desde el 20 de abril de 1994, pues no sólo fue una referencia histórica, el Río de la Plata, o una bandera ideológica del PT en un municipio de Río Grande del Sur, sino se convirtió en una política de Estado, multiplicando ciudadanía, gestión pública, autonomía, cultura y producción.
Parecería una contradicción lo que está ocurriendo en Bolivia en estos momentos de tanto desanimo y frustración por la debilidad del Estado frente a la anomia que padecemos, por la acumulación de 32 años de contraloría social que pareciera no están sirviendo, y la presencia formal de función pública autonómica a través de municipios y gobernaciones, en todo el territorio nacional. Quienes practicamos la dialéctica y estudiamos los procesos históricos con vista larga, sabemos que estamos haciendo una inversión social que concluirá en una sociedad sana gracias al movimiento de la gente decente, como propone desde Andalucía el pensador Felipe López García, y lo repite el rey Salomón en el Eclesiastés. A todo le llega su tiempo.
Carlos Hugo Molina es director de innovación del CEPAD.
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