Estimados señores del poder:
Durante más de 25 años, del sueldo que percibía de forma mensual aportaba para mi fondo de jubilación entre 1.400 y 1.600 bolivianos. Con esta suma tenía la esperanza de que, llegado el momento de retirarme del trabajo, tendría asegurada una pensión digna y acorde a la realidad socioeconómica.
Pero no fue así. Por decisión propia y tras protagonizar una vida activa en el periodismo, el sindicalismo y la defensa de los derechos humanos, acudí a la entonces AFP Previsión con una sonrisa de oreja a oreja, albergando la esperanza de una buena jubilación. Incluso pensaba en los militares, quienes son felices porque reciben el total de sus salarios al pasar al servicio activo o pasivo, siendo uno de los sectores más privilegiados por todos los gobiernos de turno.
Me atendió una señora amable y fuimos directo al grano: «Usted recibirá una pensión de 2.800 bolivianos; así está establecido, si quiere lo toma o lo deja, y si quiere aumentar un poco tiene que ir al SENASIR, porque ahí tiene aportes de sus anteriores trabajos».
Un golpe bajo, mortal y delicado. El mundo se me venía abajo. Surgieron preguntas, inquietudes y miradas furibundas: ¿Por qué es injusta la vida, por qué nos engañaron de esa manera a los trabajadores, por qué juegan con nuestros sueños, por qué nos azotan así en la recta final de nuestras existencias?
Y tantas otras interrogantes que podría hacerme. Por más que le argumentaba a la funcionaria de la AFP, ella solo ratificaba el cálculo de mi jubilación: 2.800 bolivianos, sin derecho a reclamo alguno, ni ante el Papa ni ante Superman.
Tras semanas de trámites burocráticos, uno llega a una jubilación que, según la Constitución Política del Estado, debería garantizar una vejez digna y alegre. Sin embargo, resulta dramático recibir una pensión de 3.100 bolivianos que no ha tenido ningún incremento en los últimos seis años. Para colmo, ahora se anuncia que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 congela nuestras rentas miserables, condenando a millones de jubilados a sobrevivir precariamente y sin poder llegar a fin de mes.
No se puede gobernar de esa manera: con indolencia, injusticia y discriminación hacia quienes, en nuestra etapa productiva, aportamos religiosamente con nuestros sueldos bajo la promesa de que el Estado sería más cálido y amable en la recta final de nuestras vidas. Pero la realidad es otra.
El Estado está mostrando su rostro más inhumano y cruel, algo que no podemos aceptar. Por lo menos este jubilado no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante tales circunstancias ni a seguir esperando la buena voluntad de quienes detentan el poder.
Siempre hay fuerzas para la lucha, para la resistencia y para mantenerse de pie antes que de rodillas pidiendo limosnas. Quien no lucha es esclavo; quien no busca, no encuentra. El boliviano es un guerrero valiente, como lo ha demostrado en cada periodo histórico, y ahora nos tocará a los jubilados armarnos de valor para iniciar las acciones de protesta necesarias con los años que nos quedan.
Maquiavelo decía en su tratado: «El primer paso es que el pueblo crea en la posibilidad de hacerlo, porque si la gente no siente que tiene el poder de cambiar una mala situación, no pensará en ella». Y claro, esta situación de injusticia arrastrada durante años ya ha calado hondo en los jubilados, que somos parte indiscutible del pueblo.
Ojo: ustedes, que ahora son diputados, senadores, ministros, viceministros, fiscales, jueces, alcaldes, concejales, gobernadores, presidente y vicepresidente del Estado, perciben un sueldo excelente. El poder que ostentan hoy es pasajero; algún día dejarán de percibirlo y les llegará la vejez. Aunque tengan sus «ahorros», sentirán profunda vergüenza cuando les asignen una renta miserable para su retiro.
En Bolivia, llegar a la vejez es doloroso. Esta etapa conlleva una serie de dificultades en todos los ámbitos: nulo acceso a la salud, escasez de medicamentos, abandono, la necesidad de seguir trabajando para sobrevivir, incomprensiones y privaciones de todo tipo. El Gobierno debe tomar nota y concretar medidas reales en favor de las personas adultas mayores, a quienes los 350 bolivianos del Bono Dignidad apenas les alcanzan para cubrir un par de días.
Me atrevo a apelar y a hablar por los miles de jubilados que se encuentran en la misma o peor situación que quien escribe esta carta. Afrontamos las mismas dificultades con rentas de hambre y, si ustedes de verdad son demócratas y pregonan defender al pueblo, les exigimos una dosis mínima de sensibilidad, justicia y respeto por nuestros años vividos y por el aporte que hicimos al país.
Les recuerdo que Aristóteles sostenía: «La buena organización política es aquella que permite a todos los ciudadanos prosperar más y llevar una vida más feliz». Eso es lo que deben hacer; están a tiempo de rectificar el rumbo y evitar que se siga alimentando un volcán que podría erupcionar muy pronto.
Las pensiones de jubilación continúan congeladas, a diferencia de los precios de los productos alimenticios, los medicamentos, el transporte urbano e interdepartamental, las bebidas y las tarifas de electricidad. ¿O acaso el jubilado no come, no bebe, no se transporta y no se enferma?
Es un ser humano igual que ustedes, señores del poder
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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