Fotocomposición ilustrativa: Los Tiempos.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que mientras esté en vigencia el estado de excepción no podrá iniciarse el proceso para la reforma constitucional. En momentos en que cuatro de las seis fuerzas con representación en el Legislativo coinciden en la necesidad de realizar cambios a la Carta Magna, esta disposición ha abierto un debate sobre la viabilidad de los ajustes a la Ley de Leyes.
En su artículo 140, parágrafo III, la CPE dispone que «la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción». A solo días de que el estado de excepción decretado el 20 de junio llegue a su fin, El Gobierno emitió este martes el Decreto Supremo 5707 que amplía la vigencia de esta medida por 90 días más.
Para la diputada oficialista Claudia Bilbao (PDC) este no es un óbice para avanzar en la reforma constitucional pues los próximos tres meses servirán para construir acuerdos y consensos en torno a los temas que deben ser modificados.
“¿Cuál es la propuesta? Que en tres meses consensuemos, porque no podemos abrir la Constitución todo el tiempo. Tenemos que abrirla de una a todos los temas: económico, social, educativo, político. En tres meses podemos consensuar”, dijo la legisladora, según el portal Urgente.bo.
Bilbao afirmó que, una vez transcurrido el periodo de 90 días, ya se contará con avances concretos para una reforma constitucional.
En esa misma línea, desde el Ejecutivo, el vocero presidencial, José Luis Galvez, coincidió en que los ajustes a la CPE pueden «empezar de inmediato», para avanzar en aspectos técnicos.
«Llamamos a las fuerzas políticas para que podamos ir en esa dirección. (Se trabajaré en) todo el tratamiento técnico para que, cuando se cumpla la vigencia del estado de excepción, se pueda ir directamente a un tratamiento legislativo y darle la respectiva aprobación. La idea es lograr acuerdos previamente”, expuso hoy en conferencia de prensa.
En criterio Jorge Quiroga, del jefe de la alianza Libre, la decisión de ampliar el estado de excepción tendrá un impacto adverso para la reforma constitucional, sobre todo porque ello retrasa las oportunidades de atraer inversiones extranjeras.
“Si no reformamos la Constitución, no va a llegar la inversión externa que es tan necesaria para una transformación energética. Estamos camino a que las colas de diésel y gasolina se conviertan en colas por GLP; para cocinar a leña. No se va a tener garrafa ni gas a domicilio; (nos dirán) apaguen los focos y enciendan las velas”, advirtió el exmandatorio.
Bilbao cree que la postura de la alianza Libre es incorrecta. “Muchos diputados de Libre están confundidos porque el tema de la Constitución no se va a abrir en un día ni se va a hacer en un mes. Eso es mentir al pueblo”.
En su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el vicepresidente Edman Lara ya había adelantado que no convocará a sesión para abordar los ajustes a la Carta Magna mientras siga en vigencia el estado de excepción.
“Quien preside la Asamblea, en mi caso yo, no puedo convocar a una sesión para reformar la Constitución en pleno estado de excepción. La Constitución me lo prohíbe. No voy a poder hacer eso”, sentenció.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro (PDC), advirtió que la vigencia del estado de excepción podría interrumpir el desarrollo de este proceso.
“Estamos todavía en estado de excepción y la Constitución señala que no se puede realizar ninguna reforma (…) Mientras continúe en vigencia muy poco se puede hablar de cambios en la Constitución”, remarcó el viernes.
Cuatro de las seis fuerzas con representación en el Legislativo —PDC, Libre, Unidad y Súmate— coinciden en realizar ajustes a la CPE en diversos. Al legislativo llegaron al menos tres propuestas en ese sentido.
