Operativo de desbloqueo en Parotani, donde hubo heridos y detenidos. Foto: Opinión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de los bloqueos protagonizados por el ala evista del MAS que se prologaron por 24 días, dijo que “el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, lo que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos” y observa que las tareas de seguridad ciudadana deben estar reservadas a las fuerzas estatales constitucionalmente autorizadas.
Sin embargo, la Comisión aclaró que “los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta”. Durante el bloqueo evista hubo policías y periodistas heridos, incluso por efecto de explosión de dinamita.
“La CIDH y la REDESCA (Relatoría para los Derechos Sociales y Económicos) destacan la importancia de que las personas manifestantes que acudan a modalidades como bloqueos no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales”, señala el comunicado.
Asimismo, la entidad de la OEA dijo que “el Estado debe facilitar el trabajo de periodistas; garantizar su protección en la cobertura de eventos de interés público, como las protestas sociales; investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad, ya sea por agentes públicos o particulares”.
Desde el inicio de las protestas, “la Relatoría para la Libertad de Expresión ha recibido denuncias de al menos 30 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían los hechos, tanto de medios públicos como privados. Estas agresiones incluyen retenciones, ataques físicos, robo y destrucción de equipos, amenazas y restricciones a la cobertura periodística, así como señalamientos estigmatizantes que buscarían deslegitimar su labor. De acuerdo con información pública, la mayoría de estas agresiones habrían sido cometidas por particulares involucrados en los bloqueos”, indica.
En general, la Comisión y sus relatarías para la libertad de expresión y para los derechos sociales y económicos “advierten impactos a los derechos humanos y la gobernabilidad derivados de la conflictividad social en Bolivia. El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”.
En el comunicado, la CIDH recuerda que el 17 de septiembre, una facción MAS inició protestas exigiendo el reconocimiento del liderazgo del expresidente Evo Morales, entre otras demandas. Después de una pausa, las protestas reiniciaron el 14 de octubre, adoptando la modalidad de bloqueos de carreteras. Ello, tras el anuncio de procesos penales contra el expresidente por posibles casos de abuso sexual, trata y tráfico de niñas.
“Los bloqueos se intensificaron el 27 de octubre, tras una denuncia de ataque armado contra el vehículo que le transportaba. Al respecto, el Estado indicó que esos hechos se dieron en un operativo policial, lo cual habría sido reconocido por el expresidente Morales”, indica.
Su reporte agrega que los bloqueos han dificultado el tránsito de ambulancias; productos alimenticios básicos como arroz y harina, así como el acceso a servicios médicos y suministros esenciales, incluyendo cisternas de combustible. Según información del Estado, las personas que participaron en los bloqueos portarían explosivos y armas caseras. Ante la conflictividad social, el Tribunal Supremo Electoral postergó la elección de autoridades judiciales para el día 15 de diciembre.
Luego, los operativos de desbloqueos a cargo de la Policía y las FFAA derivaron en la detención de personas, que según la Defensoría del Pueblo serían al menos 63.
La CIDH hace notar que los puntos de bloqueo han sido escenario de enfrentamientos violentos. Según informes oficiales, el 25 de octubre, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías, en Parotani, con un registro de 28 personas heridas, entre ellas 21 efectivos policiales. En esa misma localidad, se registró otro enfrentamiento el 1 de noviembre, con al menos 39 personas heridas, entre ellas 34 efectivos policiales.
Asimismo, dice la comisión, el 29 de octubre se registraron enfrentamientos; retención, violencia y amenazas contra agentes policiales y periodistas que realizaban cobertura informativa en Mairana, Santa Cruz. El Estado registró 44 personas heridas, entre ellas 42 efectivos policiales. El 1 de noviembre, personas tomaron dependencias militares en Villa Tunari, reteniendo ilegalmente a personal militar. El 3 de noviembre, en Capinota, Cochabamba, el Estado registró el secuestro de 2 agentes policiales.
“Es primordial que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos que se pronuncian sobre los hechos en cuestión contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la deliberación publica, abierta y plural”, indica el reporte.
La CIDH observa “con extrema preocupación la agudización de la conflictividad social”. En el pasado reciente, en este tipo de contextos se han registrado graves violaciones a derechos humanos en Bolivia.
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